Aquellos tres meses de 2020

Se acabó. Mañana Galicia aterriza definitivamente en la «nueva normalidad» tras tres meses de distopía, bajo un excepcional estado de alarma que una vez superada la crisis sanitaria urge como sociedad evaluar.

Suecia realizará una auditoría independiente, la fiscalía de París abre una investigación sobre la gestión pública de la pandemia y la italiana ya ha citado a miembros del Gobierno. ¿Y aquí? En este país el Ejecutivo central torpedeó la instrucción judicial abierta. La excepcionalidad española. Y no es la única. La primera reflexión que cabe hacer es sobre el momento en que las administraciones públicas reaccionaron frente a la amenaza de la Covid-19. A pesar de los cuentos que vende Pedro Sánchez en sus homilías de fin de semana y del relato que intenta imponer su equipo de propaganda, lo cierto es que el 30 de enero un experto de la Organización Médica Colegial alertó al gobierno de la enorme peligrosidad del coronavirus y la OMS emitió una alerta de emergencia internacional y en ambos casos el Gobierno desoyó las advertencias. Ahí empezamos a perder esta batalla. Otros países –desde Portugal a Nueva Zelanda– sí supieron responder a la situación con antelación. Sí, reaccionamos tarde. Y mal. Para tapar la inacción inicial el Ejecutivo sobreactuó. Otra excepcionalidad, la densidad, extensión y dimensión de las restricciones impuestas. Se han suspendido –no solo limitado– derechos fundamentales, lo que ha provocado que no pocos constitucionalistas hayan expresado serias dudas sobre la aplicación que se ha venido haciendo del estado de alarma o incluso si para algunas de las decisiones que se han adoptado hubiese sido necesario declarar un estado de excepción. En cualquier caso, lo que no tiene duda es que se ha prolongado más allá de lo razonable la intervención de los poderes públicos en las libertades individuales y la economía y que conviene cuanto antes un rápido repliegue del Leviatán. Y una cuarta excepcionalidad. La sumisión de la izquierda gallega al relato monclovita. Mientras otros líderes autonómicos del PSOE y Unidas Podemos –y sus socios nacionalistas, incluido el BNG– se desmarcaban de la errática gestión de Sánchez e Iglesias, aquí Gonzalo Caballero y Antón Gómez Reino aplaudían todas las ocurrencias y negligencias del «gobierno amigo». Ahora que hemos superado la primera ola de la Covid-19 ha llegado el momento de depurar responsabilidades. Que cada palo aguante su vela.