La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) expresaron su profunda preocupación por el Decreto de Necesidad y Urgencia
del Gobierno Nacional que dispuso la intervención de la empresa Vicentín SAIC.
Los agroexportadoras plantean que la eventual participación del Estado en el sector “no es necesaria ni conveniente” e implica el riesgo de “distorsionar y afectar una industria pujante y que ha sido un ejemplo mundial de inversiones privadas”, ya que generó el “cluster” agroexportador privado más grande del mundo.
La industria agroexportadora considera que se deben respetar todos los procedimientos legales y la división de poderes. “Violentarlos genera inseguridad jurídica y cuestionamientos a la propiedad privada y aleja las inversiones en el país”, insisten Ciara y CEC.
Las entidades señalan que toda la operatoria de comercialización de granos y subproductos con el exterior se encuentra altamente regulada y controlada por eficientes organismos del Estado nacional que tienen capacidad para detectar irregularidades y corregirlas.
“El ingreso de divisas de las exportaciones de granos y derivados está altamente controlado y es anticipado antes de que se produzcan los embarques, con plazos de ingresos y formas compulsivas de liquidación a moneda local. Por ejemplo, en productos como harina de soja, aceite de soja, poroto de soja y maíz el plazo de liquidación es 15 días corridos después del permiso de embarque”, precisa el comunicado .
Este sector industrial es uno de los sectores económicos con mayores controles y regulaciones en materia de comercio exterior, que brindan seguridad en defensa de los intereses económicos del país.
La agroindustria de exportación procura defender las fuentes de trabajo, la producción, las ventas al exterior que realiza habitualmente, basadas en mercados y operaciones transparentes en los que la Argentina ha logrado ser uno de los líderes internacionales.
Los agroexportadores advierten que los planteos que aseguran que está en riesgo la seguridad y la soberanía alimentaria no se condicen con la realidad dado que el mercado interno en la Argentina representa el 15% de la cosecha y toda la producción de granos la realizan miles de productores que habitan en suelo argentino.
“El concepto de soberanía alimentaria ha sido usado históricamente por países importadores para justificar restricciones a las exportaciones argentinas y perjudicar el empleo y el agregado de valor en el país”, recuerda el comunicado.
Los exportadores indican que la intervención del Estado argentino no es el mensaje adecuado para la comunidad empresarial y podría complicar el acceso al financiamiento internacional y el ingreso de divisas.
“Sin perjuicio de lo anterior, si el Estado Nacional continúa con su decisión de constituir una empresa estatal agroindustrial exportadora, ésta debería desempeñarse bajo las mismas condiciones de igualdad ante la ley y las reglas del mercado. Cualquier tratamiento diferencial en materia financiera, impositiva o de otra naturaleza generará graves consecuencias económicas y sociales en este sector industrial”, concluyen los agroexportadores.
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