Con la revisión de los casos rechazados, ya suman 8.846.709 los beneficiarios del bono IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) de $ 10.000 y podrían incorporarse todavía algunos miles más que
están en proceso de revisión. Son casi 1,1 millón más que los 7.854.316 aceptados cuando se cerró la inscripción.
Ese total de beneficiarios comenzó a recibir el segundo pago, mientras en el Gobierno analizan reformular el IFE, que abarca a los que tienen entre 18 y 65 años, en un programa permanente, como anticipó Clarín. Se complementaría con la AUH (que va del prenatal hasta los 18 años) y la PUAM ( Pensión Universal al Adulto Mayor) para mayores de 65 años, abarcando de este modo la asistencia social o los “derechos universales” a todas las edades.
Es que, finalmente, los datos del IFE mostraron un nivel de pobreza, precariedad e informalidad estructural mayor a los que el Gobierno estimó originalmente –3,6 millones de personas o familias- cuando anunció este programa.
Los números del IFE indican que de los 8.846.709 beneficiaros el 88,7% son trabajadores informales y desocupados, con o sin AUH. El resto se divide entre monotributistas categoría A y B, personal doméstico registrado y beneficiarios de Progresar. El 96% son argentinos y el 4% restante residentes de nacionalidad extranjera. Y el 56% son mujeres y el 44% varones.
Por edades, la mitad son menores de 30 años, otro 24% tiene entre 31 y 40, un 15% entre 41 y 50 años, y el 11% entre 51 y 65 años.
Por el peso poblacional, el 36,3% vive en la Provincia de Buenos Aires, pero en proporción a la población, las provincias del Norte encabezan el ránking.
El IFE lo cobra un solo integrante por grupo familiar, y como en la Argentina hay 14 millones de hogares, resulta que lo percibe más del 60% de las familias de todo el país.
En Chaco, Santiago del Estero y Formosa salta al 80%, provincias que se destacan por mayores niveles de pobreza y empleo no registrado (“en negro”). En la otra punta, en las Provincias patagónicas y en la Ciudad de Buenos Aires ronda el 30% de las familias.
Según un estudio del Ministerio de Economía, el alto número de personas o familias que recibe el IFE “constituye una señal de alerta de la crisis generada por la pandemia, que además refleja condiciones estructurales de la sociedad argentina. El análisis de quienes conforman la población objetivo del IFE a lo largo de los últimos cuatro años muestra que si bien el IFE se trata de una política de emergencia, la inestabilidad de ingresos es una condición que trasciende la emergencia”.
El Estudio abre la posibilidad de que el IFE o algún plan sustituto se transformen en permanente. “A la pobreza y desigualdad estructural de la economía se le sumaron actividades nuevas, los nuevos sectores vulnerables por la crisis causada por el COVID. La fragilidad económica en la que se desenvuelven los/as cuentapropistas, personas desocupadas, trabajadores/as informales y trabajadoras de casas particulares excede el contexto de la pandemia. El IFE es, a la vez que una respuesta ante la crisis provocada por la pandemia, una herramienta concreta que permite al Estado dar un primer paso para captar a los/as trabajadores informales, en el camino a ampliar derechos”.
De acuerdo a los datos del INDEC la pobreza urbana tiene un piso del 25% – más de 10 millones de pobres – que fue aumentando con el estancamiento, la recesión y crisis de la última década hasta el 38,3% en el cuarto trimestre de 2019 ( 17 millones de pobres). Y se estima que en medio de la pandemia y cuarentena podría rondar el 50%.
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