La pelea política por Vicentín ya tiene su capítulo judicial Por un lado, la denuncia judicial por abuso de poder contra Alberto Fernández ya fue presentada en Comodoro Py, a raíz
de la decisión del Gobierno de expropiar a la empresa Vicentín. La impulsan los diputados de Juntos por el Cambio. Por el otro, en los Tribunales de Retiro, otra causa que involucra a la firma avanza. El fiscal Gerardo Pollicita investiga los créditos que le concedió el gobierno de Mauricio Macri, un expediente que cuenta con el impulso del oficialismo. En ese expediente que tiene como principal prueba una informe de Claudio Lozano, uno de los actuales directores del Banco Nación, esta semana se recibieron 73 mails y más de 300 archivos que están bajo análisis.
“Conforme la Constitución Nacional y la ley de quiebras (24.522) dictada en consecuencia, el Poder Ejecutivo Nacional carece de facultades para apropiarse de la gestión de una empresa privada, cualquiera sea el estado de su patrimonio y el alcance de sus deudas”, plantearon los Diputados de Juntos por el Cambio en la presentación judicial que ya ingresó a Comodoro Py, en medio del debate por la decisión del Gobierno de avanzar sobre el Grupo Vicentín.
Este jueves, el dueño del Grupo empresarial se reúne con el presidente Alberto Fernández quien evalúa cómo seguir con la intervención y posible expropiación de la empresa que tiene abierto un concurso preventivo en el fuero comercial.
Para la oposición que radicó la denuncia judicial, las gestiones que impulsó el presidente Fernández para que el Estado se haga cargo de la conducción de la empresa, que se encuentra en proceso de convocatoria de acreedores, representa una “violación de uno de los principios esenciales de nuestro sistema constitucional: la propiedad privada es inviolable y nadie puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley (art. 17)”.
La causa ya fue sorteada y quedó en el juzgado federal a cargo de María Servini junto con la fiscalía que subroga Eduardo Taiano.
En paralelo en la Justicia federal se investiga al gobierno de Mauricio Macri por los créditos concedidos desde el Banco Nación al Grupo Vicentín. Esta causa inició a raíz de un informe que elaboró Claudio Lozano al frente de la entidad financiera en la actual gestión, donde analizó la situación económica de la firma Vicentin y los préstamos otorgados cuando anunció públicamente que se encontraba en una situación de “estrés financiero” que no le permitiría hacer frente a sus obligaciones.
A raíz de la denuncia presentada a comienzos de año, el fiscal Pollicita imputó ex titular del Banco de la Nación, Javier González Fraga, y a quienes fueron sindicados como responsables de la firma Vicentin, Alberto Padoan y Gustavo Nardelli, quien hoy se verá con el Presidente.
Lo que investiga la Justicia es si hubo una maniobra para perjudicar al Estado Nacional a “través del otorgamiento irregular de préstamos por parte del Banco de la Nación Argentina a favor de la firma Vicentin”. La deuda de la empresa con el banco es de 18.500 millones de pesos. “Los cuales actualmente serían de cobro incierto puesto que la sociedad se encuentra en estado de cesación de pagos”, sostiene el requerimiento del fiscal Pollicita.
Casi en simultáneo con el anuncio de la expropiación, ingresó a la fiscalía de Pollicita información requerida por parte de la entidad financiera como de la empresa. Según pudo saber Clarín se receptaron “73 mails y más de 300 archivos” que se están organizando. Asimismo, ante la documentación incompleta el representante del Ministerio Público Fiscal, requirió que se proporcione toda la información en las próximas horas.
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