El Congreso de los Diputados busca hoy dar luz verde a una de las medidas estrella de la legislatura, el ingreso mínimo vital, y dejará una inusual imagen con dos miembros del
Gobierno defendiéndola ante el Pleno. El vicepresidente Pablo Iglesias y el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá compartirán tribuna para exponer los detalles de una medida que generó fuertes tiranteces entre sus respectivos departamentos en el pasado pero que obtendrá un amplio respaldo de la Cámara.
El Partido Popular, que se debatía entre la abstención y el apoyo, ya ha anunciado que votará «sí» a la medida aunque exigirá que se tramite como proyecto de ley para presentar enmiendas y modificarla. Una de las ideas de los populares es que el ingreso mínimo esté vinculado a la búsquesa activa de empleo y que cubra en mayor medida la pobreza sobrevenida por el Covid-19. Igualmente, los populares pedirán que se cree la tarjeta social única para garantizar la transparencia, la sostenibilidad y el rigor en el sistema de ayudas, una petición que ha reiterado en varias ocasiones Pablo Casado. ¿Cuándo se cobrará?
Aunque la norma aún sufrirá algún ajuste en el futuro desarrollo reglamentario que arranca ahora, el Gobierno se ha comprometido a que ya el 26 de junio lo cobren algunos de los colectivos más vulnerables que ya han sido identificados y que suman unos 76.000 hogares. A las solicitudes que se registren en los próximos tres meses se les reconocerá la prestación desde el 1 de junio. El Gobierno también reconocerá de oficio el derecho a cobrar el ingreso mínimo a las personas que actualmente se benefician de las rentas autonómicas.
La ayuda se podrá solicitar desde el próximo 15 de junio y el objetivo es que la renta llegue finalmente a unos 850.000 hogares, unos 2,3 millones de personas, para reducir en un 80% la pobreza extrema de España. ¿A cuánto asciende la ayuda? La cuantía de las ayudas oscilará entre los 461,5 euros y los 1.915,3 euros al mes en doce pagas por hogar. Esto es, España cuenta con una renta garantizada media de 10.070 euros anuales, aunque a este ingreso se le podrán añadir otras rentas que pueden complementar las CC.AA. Además, se establece un complemento de 100 euros para las situaciones de monoparentalidad. El coste estimado para las arcas del Estado rondará los 3.000 millones y lo costeará la Seguridad Social. ¿Quién lo puede solicitar?
La medida la pueeden solicitar todas aquellas núcleos familiares que acrediten una situación de vulnerabilidad, esto es, cuando los ingresos totales del hogar sean inferiores a la renta garantizada que les corresponde. Además, su patrimonio, excluyendo la vivienda habitual, deberá ser inferior a 3 veces la renta garantizada anual para un hogar unipersonal, aunque se tendrá en cuenta una escala de incrementos por hogar. También será necesario que se lleve al menos un año residiendo de forma legal en España, lo que deja fuera a los migrantes en situación irregular.
La norma contempla algunas excepciones como en el caso de los solicitantes de protección internacional, las víctimas de trata de seres humanos o las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género, aunque se encuentren en situación irregular. Igualmente podrá acceder al ingreso mínimo aquellas mujeres víctimas de maltrato que haya abandonado su domicilio familiar habitual acompañadas de sus hijos y sus familiares hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad. ¿Qué pasa con las rentas autonómicas? Las rentas que actualmente tienen algunas comunidades serán complementarias al ingreso mínimo nacional.
Esto es, las comunidades deberán rediseñar a partir de ahora sus ayudas para poder encajarlas en la red nacional y decidir si complementan su cuantía o la amplían a nuevos colectivos. Según Escrivá, el objetivo del ingreso mínimo es homogeneizar una situación que hasta ahora era demasiado dispar y que había sido señalada por las autoridades en varias ocasiones. «Las comunidades tienen programas heterogéneos. Había que poner un mínimo. Ahora las comunidades tendrán que redefinir sus rentas y ver qué quieren cubrir y cumplimentar», dijo Escrivá.
Una de las dudas que actualmente recae sobre el futuro de la prestación es si los distintos gobiernos optarán por ampliar la ayuda o si, por el contrario, destinarán este ahorro a otros fines. Escrivá ha reconocido que «es difícil saber cuál será el comportamiento de cada comunidad» pero, ha garantizado que «nadie va a quedar peor de lo que estaba». Y ha apuntado que la rango de actuación será mayor: «En ciertas comunidades sabemos que vamos a llegar a mucha más gente de lo que se llegaba hasta ahora», ha vaticinado.
FUENTE DIARIO ABC: