La agrupación política La Cámpora afirmó que la intervención y la posterior expropiación del Grupo Vicentin a resolver por el Parlamento anunciada por el presidente Alberto Fernández, “busca evitar una mayor concentración
y extranjerización de la producción y comercialización de alimentos”.
En un documento publicado en su página web y difundido en sus redes sociales, La Cámpora recordó además que Vicentin es una “empresa líder en el mercado agropecuario argentino que se encuentra en proceso de concurso de acreedores; a pesar de haber sido beneficiada durante el macrismo por varios créditos estatales millonarios”.
“Esta definición estratégica busca evitar una mayor concentración y extranjerización de la producción y comercialización de alimentos. A la par que permitirá tener una empresa testigo, no sólo en el sector agroindustrial para el mercado interno, sino también en el de divisas; adquiriendo de esta forma una herramienta fundamental para el desarrollo de nuestro país”, enfatizó la organización que integra la coalición oficialista Frente de Todos.
El documento, titulado “Camino a la soberanía alimentaria”, expresa también que el “Estado nacional rescatará a una empresa de enorme magnitud, a la cual se declarará, al momento de sanción y promulgación del proyecto de ley, de ‘utilidad pública’ por ser productora de alimentos”.
Además, señaló que “el director del Banco de la Nación Claudio Lozano viene denunciando la deuda de Vicentin contraída con la entidad como irregular, a partir de la cercanía del gobierno de Mauricio Macri con los titulares del grupo, que, a su vez, fue el principal aportante de la campaña del ex presidente por un total de $13,5 millones”.
“Vicentin tiene una deuda millonaria con el Estado nacional, y el Banco de la Nación es su principal acreedor con 18.300 millones de pesos, a la par que la deuda con Banco Provincia de Buenos Aires asciende a 1.600 millones de pesos”, añadió.
Por su parte, diputados de la alianza opositora Juntos por el Cambio, entre ellos Federico Angelini, Waldo Wolff, Gisela Scaglia, Pablo Torello, Alvaro de la Madrid, Luis Petri, Marcela Campagnoli y Jorge Enriquez. presentaron en la justicia federal una denuncia por presunto “abuso de autoridad” contra el Poder Ejecutivo por haber dispuesto la intervenció
Además, hubo rechazos por parte de la Asociación Empresarial Argentina y la Sociedad Rural, y la Unión Industrial Argentina (UIA) manifestó la necesidad de garantizar el respeto al principio de legalidad.
Fuente: Télam
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