Para los juristas la decisión del Poder Ejecutivo de intervenir la cerealera Vicentin como paso previo al proceso de expropiación “viola la independencia de poderes“. El cuestionamiento apunta a que, a
diferencia de lo que ocurrió con YPF en su momento, en este caso Vicentin está en concurso de acreedores por lo que hay un juez a cargo que es quien debería decidir la intervención.
El concurso de acreedores de Vicentin recayó en el juzgado a cargo de Fabián Silvano Lorenzini, en la ciudad santafesina de Reconquista.
Para el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires “resulta absolutamente inaceptable que, a través de un DNU, el Poder Ejecutivo de la Nación determine la intervención oficial de un grupo de empresas del sector privado que ha impulsado la tramitación de su proceso concursal ante la Justicia competente”. A través de un comunicado consignaron que esto “constituye una clara violación del principio de separación de poderes en tanto implica una ilegítima intromisión en el funcionamiento de la justicia”.
En off algunos estudios jurídicos son más contundentes. “Estamos frente a una norma inconstitucional, que vulnera el esquema de división de funciones de una República como así también la distribución de competencias entre la Nación y las provincias”.
Desde el Colegio apuntan que “si se concreta la expropiación se consumaría una inadmisible lesión al derecho de propiedad y a la tutela judicial efectiva de los derechos de las personas involucradas, que peligrosamente podría extenderse a otras empresas concursadas“. Con la cuarentena de por medio y la justicia paralizada se da por hecho que una vez que los tribunales abran sus puertas habrá una avalancha de pedidos de concurso de acreedores.
Máximo Fonrouge, presidente del Colegio de Abogados de CABA, recuerda que en el caso de YPF en 2012 también se dispuso una intervención de 30 días previa a la expropiación. “Pero en ese caso no había concurso de acreedores. En este caso hay un juez interviniendo y es él quien si lo considera necesario puede designar un administrador para resguardar los activos. El juez tiene la función de defender las acreencias de los acreedores”.
Para Fonrouge, “intervenir una empresa privada es claramente cuestionable a nivel jurídico. La intervención está pensada para el sector público. En este caso es más grave todavía porque estaba en concurso. Es una clara violación a la división de poderes porque la intervención es una función propia del poder judicial“.
Además, Fonrouge destaca que “es muy grave el precedente. Hay un peligro adicional y es que tras la pandemia con la misma teoría podrían expropiar otras empresas en concurso”. Para el abogado estas irregularidades juegan a favor de los dueños de Vicentin. “La empresa va a hacer juicio. Esto se va a transformar en un suculento pleito“.
“La norma es clara”, indicaron desde un estudio de abogados. “El Poder Ejecutivo posee facultades, a través de la autoridad de contralor, para solicitar al juez comercial que disponga la intervención, pero no la intervención misma”. En este caso la autoridad de contralor, “es la Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Santa Fe, pero no del Poder Ejecutivo Nacional”. De este modo, “la intervención dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional mediante un DNU, posee una ilegitimidad de origen que lo fulmina en su validez por nulo e inconstitucional”.
Para otro de los juristas que prefiere hablar en off hasta analizar en detalle el proyecto, “la ley habilita la expropiación siempre que se cumplan las condiciones necesarias, entre ellas que se pague la indemnización correspondiente. Cuando no se cumple con las pautas que marca la ley estaríamos enfrentando visos de inconstitucionalidad“.
Por su parte, el economista Claudio Lozano, directivo del Banco Nación, el principal acreedor de Vicentin, salió en defensa de la decisión de Alberto Fernández y sostuvo que “la intervención va a ponerla en marcha, permitirle a los productores y a la banca pública una perspectiva de recuperación de crédito otorgado y evitar que un coloso agropecuario que tiene participación significativa en el comercio exterior de granos termine en manos extranjeras”.
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