La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner concurrió hoy al juzgado federal de Lomas de Zamora para informarse acerca del espionaje ilegal que habría realizado la Agencia
Federal de Inteligencia (AFI) durante la anterior gestión de Mauricio Macri.
La ex presidenta llegó al juzgado federal a las 13.51, en el marco de un operativo de seguridad discreto, que incluyó vallas y efectivos de Gendarmería y de la policía provincial. Concurrió acompañada de su abogado, Carlos Beraldi, y enseguida ingresó al edificio, donde fue citada por el juez Federico Villena.
El juez citó, además al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y a otros presuntas víctimas del espionaje ilegal que investiga en su juzgado para mostrarles la evidencia que existe sobre lo ocurrido con cada uno de ellos y darles la posibilidad de que se presenten como querellantes.
El juez federal de Lomas de Zamora investiga el supuesto espionaje ilegal a políticos, funcionarios y periodistas durante el gobierno de Mauricio Macri, en una pesquisa que se abrió a raíz de los dichos de un narcotraficante que declaró ante la justicia que había sido contratado por la Agencia Federal de Inteligencia, bajo la gestión de Gustavo Arribas, para “darle un susto” a un ex funcionario del Ministerio de Defensa.
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De la investigación judicial se desprende que los integrantes de la organización investigada, “cumpliendo diferentes roles estratégicos y valiéndose de su calidad de empleados públicos y agentes y/o dependientes de las Fuerzas de Seguridad y/o de la Agencia Federal de Inteligencia, habrían llevado a cabo distintas maniobras ilícitas de carácter indeterminado y realizado tareas de inteligencia y/o espionaje en infracción a la ley 25.520, en distintos periodos y abarcando diversas jurisdicciones”, explicaron fuentes del caso.
Entre las presuntas víctimas de la organización ilegal se encuentran también monseñor Jorge Rubén Lugones, obispo diocesano de Lomas de Zamora; los periodistas del diario La Nación Hugo Alconada Mon y Marcelo Veneranda; el presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Martín Irurzun; la diputada nacional Graciela Camaño, el gremialista Luis Barrionuevo, el ex presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó y el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli.
También habrían sido espiados, según fuentes del caso, el ex diputado Nicolás Massot, la ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; el secretario general de Camioneros, Hugo Moyano; el diputado nacional de Cambiemos Waldo Wolff, el senador nacional Maurice Closs, los intendentes, de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y de Avellaneda, Jorge Ferraresi, además del ex alcalde de La Plata, Pablo Bruera.
Además entre las víctimas se encontrarían el sacerdote José María “Pepe” Di Paola, del clero diocesano de la Arquidiócesis de Buenos Aires; Salvatore Pica (pareja de Florencia Macri, hermana menor del ex presidente); e integrantes de la Comunidad del Pueblo Mapuche en Argentina.
Todos los supuestos espiados fueron o serán notificados conforme al derecho que les acuerda a las víctimas a constituirse en parte querellantes.