El Gobierno ha encarado medidas rigurosas para contener la pandemia que le han valido reconocimiento internacional. Esas medidas, y el costo de las restricciones a la movilidad de
Pero en la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno, no podía faltar el otro virus –mucho más letal que el Covid-19–, el de la corrupción. La compra fallida de insumos sanitarios por el Ministerio de Salud, el sobreprecio en adquisiciones de la DINAC y de Petropar llevaron a destituciones en estas últimas y a la anulación de las operaciones en la cartera sanitaria.
En las semanas recientes, la tasa de nuevos casos se mantiene en cifras modestas, por lo cual el Gobierno ha flexibilizado las restricciones a la apertura de negocios y a la circulación de personas y vehículos, aunque aún con restricciones preventivas.
No obstante, el sector empresarial advierte que esas restricciones han causado ya enormes pérdidas en los ingresos, que en muchos casos llevaron al cierre temporal o definitivo de negocios, y a la pérdida de empleos que no se sabe si podrán ser recuperados. Sea cual sea el resultado, la economía paraguaya experimentará este año una caída sensible en el producto interno bruto, con mayor impacto en los grupos más vulnerables.
Por eso, es necesaria la reforma del Estado, postergada desde el 2001, que se frustró cuando las élites políticas la vieron como una amenaza a sus intereses. La sensata propuesta de achicar drásticamente el aparato estatal está siendo rechazada por quienes no quieren renunciar a sus privilegios y al apoyo de su clientela política.
El Senado adoptó una serie de medidas para recortar los privilegios de la clase política a todos los niveles. Pero la iniciativa ha quedado empantanada en las vacilaciones de “la Cámara de la vergüenza”, la de Diputados, que apelan a chicanas para postergar indefinidamente las reformas necesarias.
A nivel global no cabe dudas ya de que el coronavirus marcará un antes y un después en la gestión de los asuntos públicos y en las nuevas aspiraciones de la humanidad. En Paraguay, en particular, se yergue la oportunidad de que se apuntale el edificio de nuestra frágil democracia, se demuelan sus partes enfermas y se construya un nuevo edificio institucional, que debería pasar por una reforma consensuada de la Constitución Nacional.
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