Revés para la Argentina: seguirá en EE.UU. el juicio por la expropiación de YPF

por derechos que habrían sido incumplidos en la expropiación del 51% de la petrolera. La jueza Loretta A. Preska, del juzgado sur de Nueva York, desechó que ese pleito se pueda dirimir en Argentina. Entiende que el caso es de “interés público”, razón por la cual el juicio se hará en Nueva York.

La decisión de Preska tiene varias ramificaciones. La magistrada es la heredera de Thomas Griessa. En ese juzgado se tramitarán los juicios por incumplimiento de la deuda soberana, en caso que no haya un acuerdo con los acreedores. Preska desliza varias críticas al kirchnerismo en su fallo.

“(Argentina) falló en demostrar la conveniencia de litigar en el país”, destaca la magistrada. En dos semanas, las partes deberán presentarse ante el juzgado para que les indiquen los próximos pasos. Comenzará un juicio, con duración y dinero a definir. La jurisdicción será en los Estados Unidos, como querían los litigantes.

La Procuración General del Tesoro es la responsable de defender al país en Nueva York. Carlos Zannini, el actual procurador, fue director del Banco de Santa Cruz hasta diciembre de 2019. El Banco de Santa Cruz es propiedad de la familia Eskenazi. Los Eskenazi fueron los dueños del pleito contra el país. De hecho, los sociedades querellantes se llaman Petersen (Energía y Energía Inversora).

En la Procuración no contestaron cuáles serán los próximos pasos del país. YPF refirió las respuestas sobre el caso a ese organismo. En caso de perder el juicio, deberá pagarlo el Estado nacional.

Petersen Energía y Petersen Energía Inversora fueron creadas por la familia Eskenazi para alzarse con el 15% de YPF. Sin embargo, los Eskenazi aclararon que los derechos de ese juicio contra la Argentina fueron traspasados a Burford Capital. Funcionarios judiciales de la administración de Mauricio Macri sostuvieron que se trata de una “venta simulada” y “fraudulenta”, algo que trataron de probar en España, donde las sociedades de los Eskenazi habrían cedido sus derechos.

En abril de 2012, Argentina expropió el 51% de YPF. Ese acto fue luego avalado por el Congreso. Pero, para cumplir con la legislación estadounidense, faltó otro paso. En 1993, cuando YPF fue privatizada, la petrolera accedió a las regulaciones bursátiles estadounidenses. Entre ellas, que cualquier movimiento importante en las acciones -como un cambio en la titularidad de la mayoría- debe alcanzar a todos los accionistas. En este caso, según los demandantes, el Estado tendría que haber hecho una oferta por el 49% restante.

Según distintas fuentes, ya no quedan más recursos para presentar. La anterior gestión trató que el juicio se haga en jurisdicción argentina, pero no lo logró ni en el juzgado, ni en la cámara de Apelaciones ni en la Corte Suprema de Justicia. El litigio podría durar un máximo de dos años, según conocedores del caso. El monto reclamado está en discusión. La estimación de la defensa anterior (entre 2016-2019) era que podía costar entre US$ 3.500 millones y US$ 5.000 millones.

 “El kirchnerismo -uno de cuyos principios básicos es el ‘rechazo de una justicia independiente’ afectará inexorablemete la imparcialidad del sistema judicial argentino”, dicen los abogados de los fondos, en algo que la jueza deja asentado en su fallo. Además de Petersen, Eton Park, un fondo de inversión con sede en Nueva York, también querella.

“La ex presidenta Cristina Kirchner tuvo ‘un plan para democratizar la justicia’, el cual era juntar juzgados que establecerían una nueva corte de apelaciones que revisarían las decisiones de otras cortes de apelaciones y cuyos jueces serían nombrados por ella misma”, objetan los querellantes. “En su libro (Sinceramente), Fernández de Kirchner describe que la destitución (de 5 jueces de la Corte Suprema), en 2003, fue hecha para potenciar la autoridad del Poder Legislativo y el Ejecutivo”, grafican los querellantes como una prueba de que el sistema judicial argentino no es confiable. Todo eso está en notas de las 41 páginas del fallo.

“Cristina Kirchner es ahora la vicepresidenta de la Argentina”, añade Preska como contexto. 

Argentina podría demorar el proceso si solicita un “discovery”. Es una suerte de investigación exhaustiva sobre todo el proceso de traspaso de acciones. Eso debería incluir la incorporación de grupo Petersen (de la familia Eskenazi) como accionistas del 14,9% de YPF. Esa adquisición de acciones se hizo por muy poco dinero en efectivo, a cambio de ganancias futuras y de un préstamo que la misma Repsol le daba al comprador. “Expertos en mercados regulados”, describieron los españoles de Repsol al grupo Petersen.