Para ello, realizarán la trazabilidad de los lugares donde se pudo haber filtrado, que compete a instituciones públicas y empresas privadas.
Según detalló en conferencia de prensa, para
Una vez confirmados por la cartera fiscal, el listado se pasa a la empresa Bancard para el retiro del dinero correspondiente al subsidio para los sectores vulnerables que se vieron afectados por el Covid-19.
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“Tenemos que hacer toda esa cadena para saber dónde se pudo haber filtrado. El equipo informático incautado en el allanamiento y los teléfonos de estas personas nos pueden dar suficientes pistas para decir cómo se obtuvo el listado”, señaló.
Para el jefe policial existen muy pocas probabilidades de que se trate de un acceso indebido al sistema, por lo que prácticamente descartó que haya sido un hackeo.
“Descartamos el hackeo porque en ese caso nosotros vamos a detectar en el sistema, y no hay ningún indicio de que eso sea posible”, afirmó al tiempo de recordar que los datos personales son abiertos al público.
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De acuerdo con lo detallado, las transacciones se empezaron a realizar a partir de la medianoche del domingo y prosiguió el lunes por la mañana.
El movimiento fue detectado por la empresa Bancard, que dio aviso a las autoridades. Alarcón apuntó que lo llamativo fue el horario y la cantidad de beneficiarios que “estaban cobrando” a través de un mismo POS.
De las 7.000 operaciones que se intentaron concretar, unas 700 lograron ser depositadas en la cuenta bancaria del propietario del local. Sin embargo, tras la detección quedó bloqueada.
Gustavo Benítez Cabral, paraguayo, y Carlos Chumpitaz, peruano, fueron detenidos como presuntos responsables del esquema criminal, pero no se descarta que haya más personas implicadas.