El Tribunal Supremo ya ha ordenado las primeras diligencias en torno al recurso presentado por la Comunidad de Madrid contra los argumentos del Ministerio de Sanidad que vetaron el pase de la
región a fase 1 de desescalada en semanas anteriores. La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo ha ordenado abrir una pieza separada de medidas cautelares y lo primero que ha decidido es exhortar al departamento que dirige Salvador Illa a que le remita el informe negativo que está en cuestión. La diligencia de ordenación, a la que ha tenido acceso ABC, el Alto Tribunal se da por enterado del recurso interpuesto por el letrado del Gobierno autonómico, con fecha del 16 de mayo. A continuación, la Sala Tercera requiere al Ministerio de Sanidad «a fin de que en el improrrogable plazo de veinte días, bajo apercibimiento, remita el expediente administrativo correspondiente a la resolución impugnada». El documento judicial tiene fecha del 22 de mayo, por lo que el plazo se cumple a mediados de junio, aproximadamente. Asimismo, ordena que se publique de oficio el anuncio de la interposición del recurso en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Y también firma que se forme «pieza separada de medidas cautelares, con testimonio de esta resolución y del escrito de interposición del recurso». Contra esta resolución se daba un plazo de cinco días para interponer un recurso de reposición. La Comunidad decidió llevar el caso a los tribunales (y lo mantiene, aunque desde el lunes pasado la región ya esté en fase 1) porque la anterior negativa, a su juicio, no se sustentaba en «criterios técnicos aplicados de forma homogénea a todo el territorio (…), lo que podría vulnerar varios principios y normas esenciales de nuestro ordenamiento jurídico». Considera el Ejecutivo que dirige Isabel Díaz Ayuso que «las razones que esgrime el informe para motivar la denegación no tienen relación directa con los indicadores del llamado Plan para la Transición a una Nueva Normalidad». Ya en el primer «corte», el 8 de mayo, ni siquiera Sanidad envió a la Comunidad el dosier negativo, por lo que los responsables madrileños no podían saber en qué se había fallado. «La Comunidad tiene dudas razonables acerca de que los indicadores se estén aplicando de manera homogénea para todas las comunidades autónomas por parte del Ministerio de Sanidad; lo que la hace cuestionarse la validez jurídica de la decisión, tanto desde el punto de vista técnico como desde el el respeto al principio de igualdad», esgrimía el Gobierno regional. Además, está la incoherencia horaria de la sucesión de hechos. Illa anunció en rueda de prensa esa negativa a Madrid pero el documento oficial se tiene firma electrónica de tres horas después, por lo que en el equipo de Ayuso recelan que se hiciera «ad hoc».
FUENTE DIARIO ABC: