En medio del proceso de quiebra de Austral Construcciones, la principal empresa de Lázaro Báez, investigada por lavado de dinero, fraude y facturación apócrifa, la AFIP busca cobrar un crédito de más de
2.800 millones de pesos. Pero los síndicos nombrados por la jueza María José Gigy Traynor señalaron que la empresa a la cual se le vienen rematando varios bienes desde 2018 no puede hacer frente al reclamo del fisco. El pedido inició durante la gestión de Mauricio Macri, pero es sostenido por la actual gestión. Las últimas subastas de inmuebles a nombre de Austral se convocaron antes del inicio de la pandemia, pero ninguno logró venderse.
Como fin de un ciclo, en julio de 2018 la jueza en lo comercial Gigy Traynor decretó la quiebra de Austral Construcciones. Durante doce años, el único cliente que tuvo Austral Construcciones fue el Gobierno nacional. En la actualidad, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) está juzgando a Cristina Kirchner por direccionar la obra pública vial a favor del “amigo presidencial”, según calificó la Justicia.
En el fuero penal, donde Báez fue investigado por el juez Sebastián Casanello por lavado de dinero, el Tribunal de Tasación de la Nación determinó que el dueño del Grupo Austral adquirió 1.412 bienes por 205 millones de dólares. ¿En cuánto tiempo? En menos de doce años. Esto representó un incremento de su patrimonio de 12.131% y el de Austral Construcciones del 42.678%. En ese expediente se determinó que a través de su empresa el contratista K lavó 60 millones de dólares.
La constructora es investigada por diversos delitos en el fuero penal: lavado de dinero, facturación apócrifa, retención indebida de aportes, defraudación al Estado, entre los más representativos.
Inactiva desde diciembre de 2015, con 5.000 trabajadores despedidos y sin los ingresos que garantizaba el Estado Nacional, la constructora fue a la quiebra. Después del reclamo de uno de los más de veinte acreedores de Austral, la jueza Gigy Traynor decretó la quiebra. Asimismo, ordenó la inhibición general de bienes de la empresa. La AFIP es uno de los principales afectados de la empresa de Báez: la deuda con el ente recaudador es multimillonaria.
Durante la administración de la AFIP a cargo de Leandro Cucciolli se inició un reclamo judicial en el marco de la quiebra. Hace veinte días, la actual gestión, dirigida por Mercedes Marcó del Pont, ratificó que quería cobrar esa deuda que la firma de Báez mantiene con el Estado.
El crédito admitido en el proceso de quiebra, según la resolución al a que accedió Clarín, es por 2.880.124.946,64 pesos.
Cuando la AFIP a mediados de marzo reiteró el reclamo ante la jueza Gigy Traynor, se le pidió a los síndicos nombrados por la justicia para llevar adelante el proceso de liquidación que se pronuncien al respecto. En el escrito explicaron que el fisco estaba reclamando ese monto por encima de los 2.800 millones en el marco de una Ley que contempla importantes beneficios si el pago se realiza en efectivo.
“Para abonar el crédito verificado en favor de la AFIP para con ello lograr un beneficio de pago por contado, dado que estamos frente a una quiebra que en nada se asemeja al de una persona física o jurídica”, señalaron los síndicos al sostener que el estado actual de la empresa hace imposible pensar en el pago de semejante deuda que acumuló durante la gestión kirchnerista, esencialmente.
Los síndicos se explayaron más al respecto, y dijeron que ante el pedido de la AFIP, “la presente quiebra no se encuentra en situación de poder afrontar el pago de dichas sumas, es decir, el crédito ya verificado en favor del fisco y el correspondiente a los importes que además están en trámite de determinación”.
Para los síndicos, el reclamo de la AFIP “resulta improcedente toda vez que los fondos disponibles existentes en autos resultan insuficientes para atender todo lo que se le adeuda que reclama la AFIP y lograr así un beneficio pretendido, con lo cual el planteo en traslado resulta ser de cumplimiento imposible, sin perjuicio de que los accionistas de la fallida puedan aportar los fondos suficientes para ello (al margen de que no es el único pasivo que debe cancelar la quiebra)”.
En el marco de la quiebra se subastaron varias propiedades de Austral y de su dueño, Lázaro Báez. Todos los remates estuvieron a cargo de la Dirección de Subastas Judiciales que depende de la Corte Suprema de Justicia. Pero pocas fueron exitosas, algo que remarcaron los síndicos al sostener que Austral no cuenta con fondos.
“No hay fondos sustanciales para distribuir, pero entre la totalidad de los acreedores, y no sólo a la AFIP”, por ejemplo se había fijado como fecha en marzo para el remate del Edificio de Roosevelt 1815 “que ha fracasado lo cual importará realización de una nueva subasta –a mero título de ejemplo para que tome razón el peticionante- al margen de las otras previstas, con las incertidumbre de los costos que ello representará para la quiebra (no sólo para afrontar los futuros remates sino los gastos de cada inmueble o bien (impuestos, ABL; gastos de conservación,etc. ), circunstancias estas que agravan la posibilidad del pago pretendido”, expresaron los síndicos.
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