El Lleida ha solicitado a la Audicencia Nacional una Medida Cautelarísima contra la “Resolución de la presidenta del CSD relativa a las competiciones deportivas oficiales no profesionales de la temporada 2019-20″, en
la que se acordó que la Comisión Delegada de la RFEF fuera la que resolviera sobre si la liga de Segunda B, paralizada por el coronavirus, debía reanudarse. El conjunto catalán del Grupo III ha solicitado que se dejen sin efecto las resoluciones adoptadas por la Comisión Delegada de la RFEF del pasado 8 de mayo. En ella se decidió cancelar el fútbol no profesional y continuar adelante con su propuesta de jugar un playoff exprés de ascenso entre los cuatro primeros clasificados de los grupos de Segunda B y Tercera división, que ahora podrían ser paralizados por un juzgado. Desde que se anunciara la disputa de un playoff exprés de ascenso para cerrar la temporada 2019-20, el Lleida ha venido reclamando que los clubes de Segunda B y Tercera tengan el mismo trato que el fútbol profesional, que el próximo mes reanudará la competición. Además, los dirigentes de la entidad catalana entienden que se ha vulnerado el derecho al trabajo de sus futbolistas. «Consideramos que no podemos vernos privados de nuestro derecho al trabajo y que supone un agravio comparativo con otros compañeros», señaló el club hace días en un comunicado. (Las eliminatorias del playoff de ascenso) «Nos oponemos a la decisión unilateral de la RFEF de poner el punto y final a la competición de forma parcial: Solo jugarán en tiempo y forma quién consideren oportuno y con nuevas reglas», denunció el club ilerdense tras confirmarse la disputa del playoff de ascenso que decidirá los cuatro equipos que jugarán la próxima temporada en Segunda división. El Lleida, que compró un centenar de test para las pruebas del Covid-19, reiteró que «el club cumple con todos los requisitos marcados por el CSD en esta situación sanitaria con la incorporación de los recursos humanos y la elaboración de los protocolos necesarios para poner en funcionamiento los mecanismos requeridos para poder garantizar la salud de sus trabajadores y trabajadoras».
Fuente La Razon: