La juez que investiga al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por una posible prevaricación al no haber impedido manifestaciones como la del Día de la Mujer pese al avance
del coronavirus, ha desestimado la petición de ampliar la imputación al director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias (CCAES), Fernando Simón , instada por la Asociación Contra la Gestión del Coronavirus en calidad de acusación, porque la causa no va dirigida contra él y ya hay dos juzgados investigando hechos como los denunciados. En concreto, en una providencia dictada este viernes, la instructora Carmen Rodríguez-Medel hace saber a la asociación «que al menos dos juzgados diferentes tienen asuntos ya registrados en trámite contra Simón indiciariamente por los mismos delitos recogidos en la ampliación de la denuncia» que ha presentado, «debiendo en consecuencia presentar la ampliación ante dichos órganos jurisdiccionales» y no ante el que ella dirige. Apunta que, en todo caso, sus diligencias no van dirigidas contra el director del CCAES: «Los únicos hechos investigados en este procedimiento hacen referencia a las decisiones tomadas a raíz de la crisis sanitaria derivada del COVID-19 por el Delegado del Gobierno de Madrid Sr. Franco Pardo en relación con las concentraciones y manifestaciones que le fueron comunicadas con anterioridad al 14 de marzo de 2020». Respecto al «conjunto de funcionarios de la delegación del Gobierno a los que sin identificar», la petición de ampliación de denuncia «imputa una serie de delitos contra la vida, la integridad física o contra el ejercicio de los derechos y libertades», considera que «no procede» admitir la pretensión porque «no hay indicios de que hayan cometido ninguno de los delitos allí enunciados». La acusación, pendiente de formalizar La asociación que ejerce la acusación popular está capitaneada por el particular que presentó la denuncia inicial que acabó desencadenando todo el procedimiento. Sin embargo, aún no se la considera parte en el procedimiento, a la luz de la providencia de Rodríguez-Medel, que le señala la necesidad de cumplir dos requisitos para ello: presentar un poder especial y la documentación relativa a la asociación y una fianza de 1.000 euros. Según expone la juez, llegan «multitud» de escritos al juzgado de asociaciones o particulares que quieren ejercer la acusación en el procedimiento. Frente a ello, y tras denegar el acceso a tres en la misma providencia, recuerda que «la presentación de escritos con alegaciones y solicitudes de prueba debe articularse mostrándose parte en la causa como acusación popular», algo «que hasta ahora nadie ha cumplido». Sólo la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que representa a Franco, son parte en el procedimiento.
FUENTE DIARIO ABC: