“Se siente, percibe la diferencia cambiaria entre los dos países vecinos y la presión que eso va a tener sobre la frontera; por lo tanto, cada una de
Entre las autoridades que participaron del encuentro también estaban el ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia; de Agricultura y Ganadería, Rodolfo Friedmann; la fiscala General del Estado, Sandra Quiñónez, además de representantes de las Fuerzas Militares, de las secretarías de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, de Inteligencia Nacional y de Anticorrupción.
Cramer informó que cada uno explicó los desafíos que encara desde sus propias instituciones para luchar contra el ingreso ilegal de productos y acordaron con el titular de la Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión del Contrabando, Emilio Fúster, no solo enfrentar este ilícito con operativos terrestres y fluviales.
“Que caiga un camión con un chofer es una cosa, pero cuando se llega al financista de toda la operación, que a veces lleva un poco más de tiempo, entonces se puede ya hablar de un esquema mucho más pesado”, detalló.
En ese sentido, mencionó que se hará énfasis más fuerte a la trazabilidad del dinero, atendiendo a que el contrabando puede ser causal de lavado, pero también se conversó acerca de las posibilidades de bloquear el Registro Único del Contribuyente a las compras con facturas dudosas y operaciones con inconsistencia, mediante el apoyo de la Subsecretaría de Estado de Tributación.
Menor contrabando. Sobre el comportamiento de los contrabandistas durante la cuarentena, comentó que hubo una merma, pero no como resultado de las acciones del Gobierno, sino porque los infractores también temen al contagio del Covid-19. Sin embargo, con la flexibilización de las restricciones sanitarias, este comportamiento también podría cambiar.
La unidad opera desde hace un año y medio. La Ley Nº 6417, que modifica el Código Aduanero y califica como crimen el contrabando, es un fuerte respaldo para las instituciones que conforman este grupo. Los procesos pueden terminar en penas privativas de hasta 10 años.
Además de los productos industrializados que ingresan especialmente desde Argentina y que compiten con los comerciantes que operan de manera legal, en esta temporada también pueden verse afectados los pequeños agricultores que están empezando a cosechar tomate.