Sin embargo, el legislador, con apoyo de una presentación, expresó que en realidad se aprobó en la ley de emergencia un préstamo total de USD 1.990 millones.
Se trata de un préstamo del Programa de Apoyo a la Agenda de Transparencia en Paraguay. La suma de USD 200 millones proviene de un préstamo de Apoyo a Políticas de Desarrollo y USD 100 millones es del Proyecto de Inserción a los Mercados Agrarios.
El proyecto de ley había sido presentado por el Poder Ejecutivo, estipulando la contratación de empréstitos y bonos del Tesoro por un monto máximo de USD 1.600 millones, para el financiamiento de las medidas sanitarias.
Ante esta exposición y el escándalo de la compra fallida de insumos médicos por parte del Ministerio de Salud con recursos del préstamo del Estado, se propuso en plenaria convocar a representantes del Poder Ejecutivo para que rindan cuentas ante el Senado.
Rendición de Cuentas
El senador Ramón Eusebio Ayala, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), mocionó que se convoque en la próxima sesión del Senado al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y al equipo del Poder Ejecutivo que se encarga de administrar los recursos de los USD 1.600 millones.
En una intervención, la legisladora Desirée Masi, del Partido Democrático Progresista (PDP), planteó primero que los mismos deben rendir cuentas, considerando que ya se cumplieron los 60 días de la promulgación de la normativa que contempla esa deuda.
El presidente de la Cámara Alta, Blas Llano (PLRA), llevó a votación como moción de preferencia la propuesta de Ramón Eusebio Ayala y la mayoría del pleno acompañó que en la sesión extraordinaria del próximo martes se realice dicha rendición de cuentas.
Ley de Emergencia
La ley que declara el estado de emergencia en todo el país establece medidas administrativas, fiscales y financieras para hacer frente a la pandemia del Covid-19.
Flexibilizan pagos de servicios básicos y prevé fondos para IPS, BNF, mipymes y personal de blanco.
Uno de los puntos de mayor impacto dentro de la ley es la autorización de una inversión de USD 500 millones para el fortalecimiento del sistema de Salud Pública, lo que permitirá garantizar los insumos y duplicar las camas de terapia intensiva.
Principalmente, estipula la contratación de empréstitos y bonos del Tesoro por un monto máximo de USD 1.600 millones para el financiamiento de las medidas.