El 13 de mayo el Congreso aprobó en plan de choque del Ministerio de Justicia para reactivar los tribunales tras la paralización total de los juzgados por el coronavirus. Dicho decreto tiene
como vigencia lo que dure el estado de alarma más tres meses, es decir, hasta septiembre. Entre otros acuerdos, contemplaba la habilitación de 20 días de agosto. Esta medida encontró el rechazo de todos los operadores judiciales en Sevilla, como publicó este periódico, por lo ineficaz de la misma para desatascar la difícil situación judicial en esta provincia. La llegada del coronavirus no ha hecho más que agravar la situación de este paciente, si se permite la comparación. El propio Consejo General del Poder Judicial invitó a los jueces «limitar en lo posible las vistas orales» en estos días, y en caso de hacerlo «comunicar a las partes los señalamientos con la suficiente antelación, preferiblemente antes del 15 de junio». Frente a quienes piensas que los profesionales de la Justicia no quieren agosto para seguir disfrutando de sus merecidas vacaciones, la realidad es que el panorama judicial en Sevilla no se arregla con 15 días en agosto, porque de los 20 que habilita el Ministerio hay tres fines de semana. Frente a esta medida del Gobierno, relevantes cargos de la Administración de Justicia, por ejemplo, abogaban por concentrar las vacaciones en agosto y que los juzgados funcionaran a pleno rendimiento hasta el 31 de julio y a partir del 1 de septiembre, y no como sucede ahora que desde el 15 de julio hasta el 15 de septiembre se va al ralentí en las sedes judiciales. Como al ralentí está siendo la incorporación presencial de los funcionarios a sus puestos de trabajos. Esta semana la plantilla esta al 60 por ciento y no se espera que se alcance el cien por cien hasta final de junio, según el plan avanzado hace semanas por la Consejería de Justicia, la tercera «pata» que tiene competencias junto al Ministerio y el CPGJ. La imposibilidad de teletrabajar de los funcionarios por la falta de un sistema informático adecuado que lo hiciera posible ha llevado a que durante el confinamiento la paralización de la actividad judicial haya sido total, a diferencia de lo que ha sucedido en otros ámbitos de la administración pública. En la Audiencia de Sevilla se han vivido días durante el estado de alarma donde había más jueces trabajando que funcionarios. Más que quince días de agosto (en Sevilla), la Justicia requiere de una decidida inversión pública en medios y sistemas informático acordes a este siglo y más profesionales:jueces, fiscales y funcionarios.
FUENTE DIARIO ABC:
