Coronavirus en Argentina: la Corte prorrogó la feria judicial sin nuevas excepciones

las acordadas anteriores, se requirió a las cámaras y tribunales federales y nacionales que implemente vías alternativas para dar curso a otros trámites que no son exclusivamente de feria, teniendo en cuenta la realidad epidemiológica de cada distrito. Una curiosidad: la de este lunes es la primera acordada con firma digital de todos los jueces y el secretario de la Corte, pese a que todos están cumpliendo  tareas en sus despachos.

El Gobierno estima que en esta quinta fase recién se comenzarán a ver los números más elevados de contagios de coronavirus, y por eso reforzará los controles de circulación para minimizar la cantidad de personas y vehículos en la calle.

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Desde el inicio de la feria extraordinaria, el lunes 23 de marzo, la Corte fue habilitando ciertas actividades y fueros. Por ejemplo, ya había requerido a los Tribunales Orales que vean la manera de reanudar las audiencias de los juicios que se habían iniciado previo a la pandemia, y sobre todo aquellos que cuentan con personas privadas de su libertad.

El planteo expuso las dificultades técnicas con las que cuenta en Poder Judicial y las internas políticas que las atraviesa. Varios Tribunales consultaron al Consejo de la Magistratura -responsable de administrar los fondos de la Justicia y garantizar su funcionamiento- sobre las posibilidades reales de reanudar grandes juicios de forma online. La respuesta del área de Tecnología del Consejo fue que ahora las condiciones no están dadas, pero que se trabaja en una mejora de la plataforma. Cuando estallaron las críticas entre los consejeros de l a oposición, el presidente del organismo, Alberto Lugones, se defendió diciendo que esa explicación fue dada a sus espaldas.

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Mientras la situación busca resolverse, varios juicios por corrupción se encuentran en suspenso, como el que tiene a su cargo el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) contra Cristina Kirchner por el presunto direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez. También el que lleva adelante el TOF 4, que juzga al empresario K por haber lavado U$S 60 millones a través de su constructora. Situación similar afronta el TOF 3, a cargo del caso contra Cristóbal López, Fabián De Sousa y Ricardo Echegaray por supuesto fraude al Estado a través de la empresa Oil Combustibles, al acumular una deuda con el fisco de 8.000 millones de pesos.

En este contexto, la recomendación que viene realizando la Cámara Federal de Casación Penal es que en la medida de las posibilidades los Tribunales y los jueces de instrucción vayan canalizando diversos trámites y resolviendo cuestiones pendientes como situaciones procesales, y las sentencias pendientes de confirmación.

Pero en la práctica, las causas que se mueven son pocas. La semana pasada, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires calificó de “inadmisible que la administración de Justicia, así como los servicios jurídicos que dan asistencia a los justiciables, no hayan sido reconocidos como una prestación esencial”, y solicitó a la Corte “que permita a los abogados a concurrir a sus estudios cumpliendo determinados protocolos sanitarios”.

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En esta misma línea, el Colegio remarcó en un comunicado que el desempeño del Poder Judicial es “un servicio esencialísimo, máxime en una situación como la que nos ocupa, en donde son precisamente los jueces los encargados de establecer los debidos límites a la aplicación de las medidas de emergencia que imponen restricciones de todo tipo al ejercicio de los derechos más elementales que garantiza nuestra Constitución”. Este planteo, que ya no se refiere a la labor diaria de los letrados con sus expedientes, reclama la acción judicial para controlar las iniciativas individuales del Poder Ejecutivo. 

Este planteo es rechazado por el gremio de Trabajadores Judiciales, que sostiene que el personal nucleado en dicha organización debe permanecer sin asistir a los lugares de trabajo para no correr riesgos de contagiarse.