Coronavirus en Argentina: otro pedido de juicio político al juez Violini, que ordenó la prisión domiciliaria de cientos de presos

semanas después fue suspendido por la Suprema Corte provincial, sigue teniendo consecuencias para su autor. Esta semana, el diputado nacional Alberto Asseff (Juntos por el Cambio) denunció al juez Violini ante el Jurado de Enjuiciamiento bonaerense.

Asseff había solicitado ya en noviembre de 2019 acceso a las declaraciones juradas del magistrado, inspirado en la información mediática de que Violini supuestamente integraba o tenía vínculos con con la banda del ex juez César Melazo –en la que también está acusado el suspendido juez de Casación Martín Ordoqui– y otorgaba beneficios procesales a cambio de dinero.

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Recién en febrero de 2020 el titular del Registro de Declaraciones Juradas Patrimoniales de la Suprema Corte bonaerense le facilitó a Assef una de las declaraciones de Violini, pero le negaron el acceso a las anteriores.

El diputado solicitó entonces a la Corte que tomara cartas en el asunto, tanto investigando el patrimonio de Violini como la denegación de acceso a la información pública por parte del registro. Todo esto ocurrió antes del escándalo por la liberación masiva de presos.

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Hay otro dato inquietante: por fuera del controvertido habeas corpus colectivo, Violini había concedido a Enrique Petrullo, operador de la megabanda, el arresto domiciliario y había avanzado en el mismo sentido con el ex juez Melazo, cuando debía excusarse por estar apuntado en la misma causa.

Asseff, sin respuesta de la Corte y ante la sospecha de que se estaría cubriendo el posible mal desempeño de Violini e incluso delitos penales, como el cohecho y el enriquecimiento ilícito, acudió finalmente al Jurado de Enjuiciamiento para que ponga la lupa sobre las declaraciones juradas del juez de Casación que el registro de la Corte se negaba a entregarle.