La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega Benito, ha trasladado este jueves al Rey la necesidad de recuperar lo antes que sea posible la plena normalidad de la
actividad judicial, según ha informado el Palacio de La Zarzuela. Don Felipe ha mantenido una conversación telefónica con Ortega, en la que la presidenta de los abogados ha expuesto que durante los dos primeros meses de la pandemia los elementos de mayor preocupación eran la situación de los abogados como autónomos y la dotación de medios humanos y económicos a la Administración de Justicia con el fin de garantizar el derecho de defensa con seguridad y eficacia. Pero que en la actual fase es fundamental que los juzgados y tribunales comiencen a funcionar con urgencia a pleno rendimiento con el objetivo de recuperar el enorme volumen de trabajo que ha quedado acumulado en estas semanas. Como ya ha publicado ABC, la intención del Gobierno es que el 4 de junio se levanten los plazos procesales suspendidos durante la alarma. Victoria Ortega ha explicado a Don Felipe que desde que se declaró el estado de alarma, la situación de los abogados del Turno de Oficio ha sido objeto de una preocupación constante y, por ello, el Consejo General ha reivindicado el establecimiento de fórmulas seguras y eficaces para facilitar el contacto de los abogados de oficio con sus clientes. En el caso de que este contacto fuese imprescindible, la Abogacía ha reclamado que se les dotara del material profiláctico recomendado y se garantizara una distancia de seguridad adecuada, habilitándose si fuera necesario salas más amplias y prohibiendo la atención en calabozos. La Abogacía ha reivindicado asimismo la equiparación urgente de los letrados con el resto de autónomos en materia de prestaciones, ayudas y subvenciones, dada la paralización en su trabajo. Demanda que se extendió también a aquellos abogados acogidos a una mutualidad y, por tanto, ajenos a los regímenes de la Seguridad Social. Al inicio del año 2020, el CGAE estimaba que la aportación de los servicios jurídicos al Producto Interior Bruto (PIB) de nuestro país suponía un 1 por ciento (más de 10.500 millones de euros), en un sector que emplea a más de 370.000 personas. Así, por cada abogado colegiado en España -casi 155.000-, los despachos pequeños y grandes dan empleo a 1,4 personas, agrupando la abogacía a cerca de un 3 por ciento del tejido empresarial español. En 2017, los despachos con un solo abogado facturaron 2.731 millones euros, según el INE, frente a los 2.039 millones de euros de los grandes despachos (al menos cien abogados en plantilla). Los despachos pequeños, aquellos que no llegan a diez profesionales, realizaron servicios por valor de 2.846 millones de euros.
FUENTE DIARIO ABC: