El Gobierno de Boris Johnson intenta de nuevo forzar los límites de la flexibilidad negociadora de Bruselas con su propuesta de controles aduaneros mínimos entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido. El jefe de Gabinete (un puesto similar al ministro de la Presidencia español), Michael Gove, ha presentado este miércoles en la Cámara de los Comunes los planes británicos de desarrollo del Protocolo de Irlanda del Norte, incluido en el Acuerdo de Retirada negociado el pasado año con la Unión Europea. La pretensión comunitaria era proteger a un tiempo el Acuerdo de Paz de Viernes Santo (1998) y no volver a imponer una frontera física entre las dos Irlandas, y también preservar la integridad del Mercado Interior. Para ello, Londres y Bruselas acordaron que Irlanda del Norte se mantuviera temporalmente en el espacio regulador de la UE y se establecieran controles aduaneros en el tráfico comercial que cruzara el mar de Irlanda. Es decir, una situación excepcional para los norirlandeses que el propio Johnson reconoció.
Ahora, sin embargo, el Gobierno británico propone que el Protocolo “no implique ninguna infraestructura aduanera nueva, y que todos los procesos de traslado de mercancías desde Gran Bretaña [Inglaterra, Escocia y Gales] a Irlanda del Norte se sometan a un control mínimo, para que la integridad y el funcionamiento fluido del mercado interno del Reino Unido queden preservados”. Promete además el Gobierno británico, en su propuesta, que los norirlandeses se beneficiarán de toda rebaja arancelaria que el Reino Unido pueda acordar “con países como Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda o Japón”.
“El Reino Unido en su conjunto podrá capitalizar las oportunidades que nos brindará ser capaces de forjar nuestro propio camino y de cerrar nuevos acuerdos comerciales con países de todo el mundo”, ha dicho Gove. La Comisión Europea ya ha dejado clara su exigencia de que se establezcan controles aduaneros firmes para asegurar el pago de los aranceles legales a cualquier producto procedente del Reino Unido que vaya a acceder a la República de Irlanda, es decir, al Mercado Interior de la UE. Reclama además que se verifique el cumplimiento de esos productos de todos los estándares de calidad comunitarios, especialmente en materia agroalimentaria.
Bruselas se ha comprometido, por el momento, a estudiar con detalle la propuesta británica, aunque un portavoz de la Comisión ya ha advertido de que “el tiempo para implementar el Protocolo se agota, y las medidas prácticas de desarrollo deben comenzar inmediatamente si se pretende que sea operativo para el 1 de enero de 2021”.
El desafío lanzado por Gove amenaza con añadir un nuevo escollo a unas negociaciones que, según han reconocido ambas partes, se hallan estancadas, y que ya habían sufrido un serio retraso con la irrupción de la crisis del coronavirus.