Ernesto Benítez Gamarra es miembro de la Coordinadora de Productores Agrícolas de San Pedro Norte (CPA–SPN), educador y trabajador agrícola de la colonia Táva Guaraní. En 2003 se
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Ese año, Benítez denunció ser torturado y sometido a maltratos durante varias horas por agentes de la Policía Nacional y Antimotines, quienes habían intervenido durante un cierre de la ruta PY03, en Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro.
Dicha manifestación se llevó a cabo porque, en 2002, el cultivo y la comercialización del cedrón dejaron de recibir el apoyo del Gobierno, que transfirió la comercialización al sector privado, lo que ocasionó una caída de los precios y un excedente de producción no comercializada que acarreó pérdidas para los productores.
En 2008, Benítez presentó una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, según explicó el secretario ejecutivo de la Codehupy, Óscar Ayala Amarilla, en comunicación con Última Hora.
El pronunciamiento del Comité se dio en 2012, cuando remitió su dictamen al Ministerio del Interior y al Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay a favor de Benítez, por la violación de sus derechos básicos.
La Codehupy también envió un informe en 2015 al Comité de Derechos Humanos, denunciando que el Estado continuaba sin investigar el caso de tortura contra Benítez, como así también otros abusos hacia campesinos.
Siete años después del dictamen del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Ministerio Publicó anunció en julio de 2019 la reapertura de la investigación.
En diciembre de ese año, el caso llegó a un acuerdo de reparación entre el Estado y Ernesto Benítez. El vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, fue quien presidió la firma de dicho acuerdo.
Sin embargo, el pago debía realizarse dentro del primer cuatrimestre de 2020, según reveló Ayala Amarilla.
“El Estado paraguayo aceptó la responsabilidad internacional por el hecho de tortura establecida en el dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y acordó proporcionar a la víctima una reparación íntegra, que incluya una indemnización adecuada”, explica un comunicado emitido por la Codehupy.
Así también, señalan que el Ministerio de Hacienda no ha liberado los fondos, “aun cuando el propio Poder Ejecutivo, mediante Decreto 2954/19, aprobó los términos de la reparación, luego de siete años de diálogo e intercambio entre las instituciones del Estado y la víctima, mediante su representante, la Codehupy”.
En cuanto al monto de la indemnización pendiente, Ayala Amarilla refirió que tal información es reservada y está bajo una cláusula de confidencialidad.
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“Cabe destacar que los trámites tienen movimiento interno, pero teñidos de una burocracia excesiva e inconducente”, apunta la misiva.
En ese sentido, el secretario de la Codehupy reveló que la denuncia ante el Comité recién pudo presentarse en 2008 porque existía una investigación abierta en el ámbito nacional y que las denuncias en sede internacional se realizan una vez que se agoten los recursos internos.
Por último, la Codehupy expresó su preocupación por la situación económica de Benítez, quien al igual que muchos ciudadanos se vio afectado por la crisis económica a causa del coronavirus, motivo por el cual “precisa de esta indemnización para hacer frente a esta realidad, y a las consecuencias que los hechos del caso le produjeron a su vida y a su salud”.