Coronavirus en Argentina: tras la revocación de la Corte, ¿qué sucederá con los presos que gracias al juez Violini salieron de la cárcel?

el régimen de prisión domiciliaria, y más de 150 a raíz del habeas corpus colectivo firmado por el juez de la Casación Víctor Violini. Sin embargo, la Procuración General maneja cifras aún más elevadas. Con la decisión de la Corte Suprema bonaerense que este lunes dejó sin efecto la medida del magistrado, se inicia un proceso para revisar las morigeraciones concedidas.

La Corte revocó la sentencia del Tribunal de Casación Penal respecto al habeas corpus colectivo, y decidió que cada juez vuelva a revisar los arrestos domiciliarios concedidos en medio de la emergencia sanitaria por el Covid19. La sentencias fue unánime, y firmada los jueces Daniel Fernando Soria, Luis Esteban Genoud, Eduardo Julio Pettigiani, Hilda Kogan, Sergio Torres y Eduardo Néstor de Lázzari.

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La discusión ahora se traslada a la cantidad de arrestos domiciliarios concedidos en base al habeas corpus de Violini. Las autoridades bonaerenses consideran que será un universo de 150 resoluciones. Para la Procuración la cifra podría ser aún mayor. Fuentes judiciales explicaron a Clarín que hasta el 8 de abril habían contabilizado 599 arrestos domiciliarios, y desde ese día se comenzó a aplicar la medida colectiva revocada este lunes por la Corte Suprema bonaerense.

El escenario expone dos situaciones. La cantidad de domiciliarias y, por otro lado, que todas ellas fueron concedidas sin monitoreo, ya que la Provincia no cuenta con más tobilleras electrónicas. Las 1.950 que poseen se encuentran utilizadas. Como publicó Clarín, la semana pasada el Ministerio de Justicia nacional cedió 150 dispositivos a la cartera provincial que dirige Julio Alak. La cifra es insuficiente, pero “contribuye a contener un poco la situación”, expresaron fuentes oficiales.

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Con la decisión de la Corte de la Provincia, se van a remitir todos los casos incluidos en el habeas corpus revocado a los respectivos jueces de primera instancia, para que resuelvan cada situación. Ellos determinarán si corresponde mantenerlos -es decir que los internos favorecidos con el arresto domiciliario continúen bajo ese régimen- o que los detenidos regresen a los respectivos penales.

El Servicio Penitenciario Bonaerense determinó que de los 44.000 del universo total de su población, 2.468 internos deben ser considerados de riesgo ante el coronavirus. En primer lugar por sus enfermedades preexistentes, y también por el grupo etario que integran. Al respecto, la Procuración General de la provincia (que rige sobre todos los fiscales), dictó una resolución con la firma de su máxima autoridad, Julio Conte Grand, recomendando el otorgamiento de las prisiones domiciliarias a los presos que integran ese grupo.

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Entonces se inició el camino hacia una discusión más compleja y un enfrentamiento político. El contexto volvió difusos los números. Hasta el 8 de abril, cuando Violini firmó el cuestionado habeas corpus colectivo, hubo 800 casos de morigeración de las condiciones de detención, todos ellos sin un dispositivo electrónico de monitoreo.

Ahora todo volverá a ser analizado. La Corte afirmó que la mera remisión a la clasificación de delitos leves y graves empleada para otorgar medidas alternativas carece de base legal. La Procuración a cargo de Julio Conte Grand ya tiene bajo investigación 148 morigeraciones concedidas “sin fundamento alguno o peor aún, infundadas porque se trataba de delitos graves”, expresaron fuentes judiciales.

​Cada domiciliaria concedida en el marco del habeas corpus general, regresará al despacho de los jueces de primera instancia y allí volverán a ser analizado. “Lo resuelto debe ser revisado, porque persigue algo inmediato y masivo que interfiere contra el necesario actuar de los jueces competentes; y que debe respetarse el cauce institucional”, expresaron los integrantes de la Corte bonaerense.