Luego de la polémica generada por las excarcelaciones masivas en la provincia de Buenos Aires, la organización Usina de Justicia presentó este lunes un pedido de juicio político contra el juez
de Casación Víctor Violini por “incompetencia y negligencia en el ejercicio de sus funciones y por el incumplimiento de sus deberes”.
Con el patrocinio del abogado penalista Fernando Soto, la ONG que defiende los derechos de las víctimas de homicidios y femicidios elevó el pedido ante la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento del Senado bonaerense. “La circunstancia de emergencia sanitaria producida por el Covid-19, ni la situación carcelaria producto de la sobrepoblación carcelaria justifican una alteración total del orden constitucional y legal”, indica el texto presentado.
“La primera causal de remoción del sr. Juez denunciado consiste entonces en la abierta violación de los principios básicos de los estamentos procesales que regulan su facultad para aplicar la ley. Se refuerzan los argumentos para la remoción del Juez Violini el haber obrado con una ostensible falta de fundamentación sobre la admisibilidad de una acción colectiva, desnaturalizando las funciones de la Cámara de Casación”, agrega el escrito.
Violini quedó en el ojo de la tormenta luego de que el 17 de abril hiciera lugar a un hábeas corpus colectivo presentado por los 19 Defensores Generales de la provincia para que se les otorgaran prisiones domiciliarias a presos en peligro de contraer coronavirus.
En ese fallo, Violini dijo que los presos que podrán acceder a ese beneficio deben ser mayores de 65 años, mujeres embarazadas, detenidos con enfermedades preexistentes y que estén involucrados en delitos leves, aunque no hace mención a cuáles son los delitos a los que hace referencia.
Unos días después, el Tribunal de Casación de la provincia, bajo la presidencia de Ricardo Borinsky, amplió la resolución de Violini y ordenó a los jueces que ejecutaran en forma “inmediata” la medida de arresto domiciliario para los presos en cárceles bonaerenses por integren el grupo de riesgo ante el contagio de coronavirus.
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La resolución se dispuso debido a que defensores oficiales denunciaron que los jueces de primera instancia no cumplían con el fallo que ordenó esa medida para los detenidos mayores de 65 años y con enfermedades preexistentes.
Sin embargo, esa resolución fue suspendida por la Corte al declarar admisible el recurso del Fiscal de Casación y que está en condiciones de resolver la cuestión de fondo tras tener en su poder los dictámenes que emitieron el Procurador de la Suprema Corte y el Defensor Oficial de Casación.
La pandemia del coronavirus provocó cambios en el comportamiento de los presos alojados en cárceles bonaerenses que están superpobladas debido a que alojan a más de 45 mil internos cuando cuentan con unas 22 mil plazas.
Al principio de la pandemia, los presos resolvieron por propia voluntad no recibir visitas para evitar los posibles contagios de coronavirus, aunque luego iniciaron una serie de protestas y motines para pedir la liberación de los grupos de riesgo.
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