El Gobierno cede, pero muy a medias. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha puesto encima de la mesa del diálogo social una nueva propuesta que supone ampliar los ERTE más alla
del estado de alarma, además de una batería de bonificaciones para fomentar la vuelta a la actividad. Así, las empresas de menos de 50 trabajadores y que retomen su actividad tendrán una exención del 85% de las cotizaciones de sus empleados durante este mes, y un 70% en junio. Para las de más de 50 trabajadores, los porcentajes serán del 60% para mayo y el 45% para junio. Una de cal, y otra de arena porque Díaz sigue exigiendo que no extingan contratos por fuerza mayor o causas económicas, técnicas, organizativas y de producción provocadas por la pandemia hasta 2021. La titular de Trabajo también insiste en que las empresas deberán devolver todas las ayudas recibidas si a final de año no han mantenido el cien por cien de la plantilla. En caso de incumplir estas condiciones, tendrán que reembolsar las cotizaciones de las que se vieron exentas, incluyendo recargos e intereses de demora. No cede tampoco la titular de Trabajo en vetar los ERTE a las empresas que repartan dividendos. Hoy los órganos de dirección de la CEOE y de UGT y CC.OO. deberán ratificar o echar para atrás una nueva oferta que el Ejecutivo quiere llevar ya a Consejo de Ministros de forma inminente. Aún queda por ver cómo será la desescalada y qué porcentaje de los tres millones de trabajadores acogidos hoy a un ERTE recupera sus empleos previos a la pandemia, pero la ministra de Economía no dudó en calificar ayer de «éxito» este instrumento. Durante su intervención en la comisión de Economía del Congreso, Nadia Calviño, defendió que gracias a este mecanismo se ha logrado «no perder el empleo y proteger la renta de los ciudadanos». Insistió, eso sí, en que deben adaptarse a la desescalada de la economía para no perderlo todo «en unas semanas». Calviño saca pecho La vicepresidenta destacó la «rapidez» con la que ha actuado el Ejecutivo lo que, según dijo, «ha permitido que la caída de la ocupación haya sido, por el momento, muy inferior a la del PIB». No obstante, sí destacó el elevado coste que tiene para las arcas públicas esta medida, que supone que «entre todos los contribuyentes estamos asumiendo los sueldos y cotizaciones sociales de millones de trabajadores, que no hubiesen tenido derecho a estas prestaciones en otro caso». En este punto, la diputada popular y expresidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez, mostró su inquietud por que este esfuerzo caiga en saco roto. «Nos preocupa que los ERTE no sean más que una patada para adelante que al final no sirva para nada», dijo. Y apuntó también al efecto que tendrá sobre las cuentas públicas: «Este Gobierno paga con dinero que no tiene y eso es muy peligroso si no se traduce en más crecimiento». Nadia Calviño reconoció que todas las medidas puestas en marcha por el Gobierno, tanto los ERTE, como los apoyos a la liquidez y a las rentas familiares tendrán un impacto en las cuentas públicas «muy importante» y elevarán el déficit público este año al 10,3% y la deuda por encima del 115%.
FUENTE DIARIO ABC: