
El 19 de marzo, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, dijo que los tres hospitales de campaña que se iban a instalar junto al hospital La Fe de Valencia y
los hospitales generales de Alicante y Castellón estarían «en quince días». Un día después, la consejera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, de quien depende Emergencias, matizó a su jefe: «La mitad de las camas estarán disponibles en dos semanas y la totalidad en un mes». Tres días después, el 23 de marzo, la misma Gabriela Bravo firmó el contrato con la empresa adjudicataria: ni quince días, ni un mes. El plazo de ejecución de las obras es de cuatro meses, según muestra el documento, ahora publicado por la Generalitat. «Se establece un plazo general de ejecución de cuatro meses», reza el contrato, que solo añade un plazo parcial: que en quince días haya 100 camas disponibles entre los tres hospitales, de las 1.100 que marca el contrato, es decir, menos del 10 por ciento de las previstas en la lucha contra la pandemia del Covid-19. El contrato asciende a 4,8 millones de euros, aunque hay casi otros cuatro millones a la misma empresa, IDAT S.L., para el equipamiento del interior de las carpas. Pero la historia no concluye aquí. El pasado lunes 4 de abril, la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuestas a las Emergencias (AVSRE), organismo presidido por la consejera Bravo, publica la adjudicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público: «Plazo de Ejecución: del 20/03/2020 durante 1 mes». Ahora los cuatro meses de contrato se convierten en uno, el plazo de la promesa política. «Rectificación» Pero el relato tampoco termina aquí, porque ayer mismo, miércoles, a las 13.39 horas, se vuelve a publicar la adjudicación bajo el aviso «rectificaciones al anuncio». ¿Qué se rectifica? El plazo de ejecución, que ahora es «del 23/03/2020 durante 4 meses». Es decir, el plazo del contrato, no el de las declaraciones públicas del presidente valenciano y la consejera y exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PSOE. Según las promesas de la Generalitat, los tres hospitales de campaña deberían haber estado a plena operatividad el pasado 19 de abril, las 500 camas de Valencia, las 400 de Alicante y la 200 de Castellón. La realidad, como desveló ABC, es que diez días después, el 29 de abril, el total de camas operativas era de alrededor de 500 entre los tres hospitales, según reconoció a este diario la empresa adjudicataria, y faltaban por terminar parte de los baños normales y todos los adaptados a personas en silla de ruedas. No obstante, esta compañía no debe preocuparse, pues tiene hasta el próximo 23 de julio para terminar los hospitales de campaña. Estas instalaciones se contrataron por el procedimiento de emergencia, porque urgían de cara a una posible saturación de los hospitales permanentes por la incidencia del coronavirus. Afortunadamente, los centros hospitalarios de la Comunidad Valenciana no se han visto desbordados, por lo que no se ha ingresado a ningún paciente en los hospitales de campaña. Los módulos abiertos se están utilizando para hacer las pruebas de seroprevalencia para la ciudadanía y las de detección del virus a trabajadores sanitarios. Pero hay más información en los contratos. Como relató ABC, IDAT es una empresa sin solvencia alguna para presentarse a un concurso público, y menos de casi nueve millones de euros. Se registró en Zaragoza el pasado 18 de febrero con el capital social mínimo, 3.000 euros, y un crédito máximo recomendado de 2.300 euros, según el grupo Crédito y Caución. Así, la liquidez se la puso la Generalitat valenciana, pues, según el contrato, la empresa recibió el 38 por cien del dinero «a la aceptación del diseño» y el 12 por cien «al inicio de la instalación». Es decir, 2,4 millones de euros antes de poner el primer poste. El cuanto al modo de pago de los 3,5 millones del equipamiento interior, la Generalitat no respondió ayer a ABC. Los administradores de IDAT son Hispano Vema, que facturó en 2018 un total de 1,3 millones de euros, y Bellcomm, una empresa que arrastra cuantiosas pérdidas de 300.000 y 173.000 euros en 2018 y 2017, los últimos ejercicios contables disponibles. Firma de Gabriela Bravo en el contrato de los hospitales de campaña – ABC La consellera Bravo, firmante del contrato de los hospitales de campaña, dará explicaciones este miércoles La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, comparece hoy en las Cortes Valencianas para dar cuenta de las actuaciones llevadas a cabo por su departamento frente al coronavirus. Al ostentar el grueso de competencias de Emergencias, fue la encargada de firmar el expediente de adjudicación a Idat de la instalación de los hospitales de campaña. En él autorizó el pago de 4,84 millones, el adelanto de la mitad de esa cantidad por parte de la Administración al inicio de los trabajos y el plazo de ejecución de cuatro meses pese a que la Generalitat había asegurado que sería en uno. La oposición previsiblemente le cuestionará al respecto. Tras las publicaciones de ABC, el PP reclamó todos los contratos suscritos por la el Gobierno valenciano con la empresa –algunos de los cuales se han ido subiendo esta semana a la Plataforma de Contratación del Sector Público– y Ciudadanos pidió que se remitieran al Parlamento autonómico para que los grupos políticos arbitraran un mecanismo de control excepcional.
FUENTE DIARIO ABC:
