Un operativo conjunto de la Policía Nacional y la Guardia Urbana ha desarticulado una organización criminal que se dedicaba a la trata de ciudadanas asiáticas con fines de explotación sexual en locales
de Barcelona y Sant Celoni. Seis personas han sido detenidas, de edades comprendidas entre 40 y 47 años y todas de origen asiático, y han sido acusadas de pertenencia a organización criminal, prostitución coactiva y delitos contra los trabajadores. Dos de los detenidos, presuntamente los responsables de la trama, han ingresado a prisión provisional. La investigación inició en marzo de 2018 a partir de una denuncia recibida a través del Servicio de Atención a las Víctimas de Trata de Seres Humanos, en la que se ponía en conocimiento la existencia de un local en el barrio del Eixample (Barcelona) donde, presuntamente, se estaría ejerciendo la prostitución de ciudadanas asiáticas. El operativo culminó el pasado 10 de marzo. La participación en la investigación de una testigo protegida fue clave para que los agentes consiguieran desarticular la banda. Gracias a sus declaraciones, se llevaron a cabo varias inspecciones en inmuebles de Barcelona donde ciudadanas chinas ejercían la prostitución y fue posible vincular varios de estos establecimientos bajo el control de una misma trama criminal. Se han registrado seis locales: cinco de ellos se ubicaban en Barcelona y otro en la localidad de Sant Celoni y se han identificado 12 potenciales víctimas. En los registros se intervino una cantidad aproximada de 30.000 euros en efectivo, así como también documentación relacionada con los ilícitos investigados. Las víctimas son, principalmente, ciudadanas chinas que con falsas promesas de trabajo son introducidas en España a través de mafias con las que adquieren una deuda económica muy alta y se ven obligadas a ejercer la prostitución en condiciones deplorables para poder pagarla. Una vez en España, los responsables de la organización les quitaban la documentación, dejándolas en un estado muy vulnerable para poder aprovecharse de su situación e imponer sus reglas laborales. En general, la mayoría de las víctimas carecen de cualquier tipo de permiso de residencia o de trabajo, por lo que se ven obligadas a aceptar las condiciones que les imponen los proxenetas. Por si fuera poco, las mujeres eran rotadas entre los diferentes inmuebles que controlaba la organización y, generalmente, no sabían dónde se encontraban por el poco contacto que tenían con el exterior. Al ejercer esta actividad en sitios semiclandestinos, debían estar disponibles 365 días al año, 24 horas al día, cada vez que un cliente lo requiera.
FUENTE DIARIO ABC: