Los técnicos de Hacienda (Gestha) han pedido este lunes al Gobierno, a los grupos parlamentarios y a las organizaciones sociales que acerquen posturas para alcanzar un acuerdo que permita recuperar ingresos públicos
y reforzar el Estado de Bienestar, dado que el coronavirus provocará un «agujero» en la recaudación tributaria de 13.874 millones de euros, según las previsiones del Gobierno. En este escenario, los técnicos apuestan por «frenar la sangría en la recaudación» mediante la lucha contra el fraude, por lo que instan al Gobierno a enviar al Congreso y tramitar por el procedimiento de urgencia el proyecto de ley de prevención y lucha contra el fraude, que permitirá bajar el límite general de pagos en efectivo a 1.000 euros y el de la inclusión en la lista de morosos a 600.000 euros. Asimismo, Gestha demanda más ambición a la hora de incluir la responsabilidad solidaria de asesores e instituciones financieras que diseñan o colaboran en los entramados societarios fraudulentos y en los esquemas de planificación fiscal abusiva, así como para aumentar la prescripción tributaria de los 4 a los 10 años, equiparándola a la de los delitos agravados contra la Hacienda Pública para que sea posible investigarlos y denunciarlos a la Fiscalía. En concreto, los técnicos de Hacienda señalan como principales responsables de la evasión a los grupos empresariales que con un aumento de beneficios del 40,5% desde 2006, ingresaron un 39,4% menos que hace 13 años. Además, la carga real del Impuesto de Sociedades en estos 13 años es menos de la mitad de lo que soportan las pymes. Por ello, Gestha pida a la Agencia Tributaria que «desplace la lupa del control tributario» de autónomos y pequeñas empresas que están padeciendo la crisis por el confinamiento hacia el control de los conglomerados empresariales, multinacionales y personas con grandes fortunas. Para Gestha es fundamental que el Gobierno mejore el anteproyecto de ley antifraude, incluyendo el aumento de las funciones y responsabilidades de los técnicos de Hacienda para evitar que los futuros impuestos sobre las transacciones financieras, sobre determinados servicios digitales y el catálogo de nuevos impuestos medioambientales «se diluyan en los desagües de la evasión». Por otra parte, Gestha considera inaplazable que los técnicos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) auditen la eficiencia del gasto público previsto en el corto y medio plazo. A su juicio, las ventajas del análisis de la eficiencia del gasto se han demostrado con los informes ‘spend review’ que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) debe concluir antes de octubre, entre otros sobre los beneficios fiscales, el gasto hospitalario del Sistema Nacional de Salud o los incentivos a la contratación y al trabajo autónomo.
FUENTE DIARIO ABC: