Coronavirus en Uruguay: ofensiva de Lacalle Pou para aprobar una ley que achica el Estado y endurece el código penal

aprobar su Ley de Urgente Consideración (LUC), un controvertido proyecto destinado a reformar y transformar el Estado, pero también a endurecer el código penal para combatir la inseguridad que tanto preocupa a la población.

Por encima de su contenido, cuestionado por algunos sectores del Frente Amplio, la iniciativa esconde una trampa para los opositores. Debe tratarse dentro de un plazo de tres meses: el Senado tiene 45 días para debatirlo, Diputados 30 días más y se reservan 15 días por si hay modificaciones y debe retornar a la Cámara alta. Vencido este plazo, queda aprobada automáticamente.

De esta manera obliga al Congreso a una maratón de sesiones presenciales, ya que el Parlamento uruguayo no contempla otros recursos como sesiones virtuales. La oposición, arrinconada, está buscando un escape aduciendo el peligro del coronavirus.

“La Ley de Urgente Consideración es una pieza clave en el plan de gobierno de Lacalle Pou”, le dice a Clarín el politólogo Adolfo Garcé, investigador en el Instituto de Ciencia Política de la estatal Universidad de la República, quien da por hecho la sanción de la LUC. “Seguramente será aprobada con algunos cambios dado que habrá discusiones y negociaciones en el Parlamento. Pero en lo esencial, está blindada políticamente”, explica.

La LUC es una ley de contenido múltiple que engloba temas económicos, sociales, educativos y legales, entre otros. Lacalle Pou no es el primero en usar este recurso. Ya lo hicieron la mayoría de los gobiernos anteriores, incluyendo el Frente Amplio, aunque el líder del Partido Nacional le dio su toque “neoliberal”, como le gusta decir a los sectores de izquierda.

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Ese “toque” tiene que ver con la instauración de una regla fiscal que implica un recorte del gasto público, una apertura de mercado y menos control del Estado. Más allá de las críticas, lo innegable es que se ajusta a las propuestas de la plataforma electoral de la coalición conservadora que lo llevó al poder, y que un grueso de la población votó.

Lacalle Pou argumenta que la pandemia de Covid-19 no puede demorar la sanción de esta ley, que incluye 502 artículos, porque el país enfrenta situaciones críticas en cuanto a seguridad y desequilibrio fiscal.

Los puntos más polémicos de la ley

La estricta regla fiscal que busca bajar el gasto del Estado comprende una disminución de funcionarios del Estado y cambia el funcionamiento de las empresas estatales de electricidad, agua, combustibles y telecomunicaciones.

El texto de la ley sostiene que es necesario “imponer “un debido control del gasto público, generando ahorros sobre la base de la disminución del mismo”. “No se sostiene más la situación imperante por la cual el ajuste es realizado por el sector privado. Quien debe ajustar los costos es el Estado”, justifica.

El documento va también contra ANCAP, la empresa estatal de petróleo uruguaya que se vio envuelta en un escándalo de corrupción vinculado al exvicepresidente Raúl Sendic. Plantea la derogación del monopolio de la importación, exportación y refinación del crudo y derivados establecidos a favor del Estado y gestionados por la compañía. De esta manera, abre la puerta a los privados en un rubro jugoso.

Si bien en el caso de la ANCAP el gobierno recurre a los episodios de corrupción para fundamentar la necesidad de cambio, se mete en un terreno pantanoso porque la petrolera y distribuidora cuenta con el respaldo de la ciudadanía como una de las empresas más fuertes del Estado.

Otro punto importante de esta ley es que restringe ciertos aspectos del derecho de protesta de los trabajadores, un giro que lo enfrenta con la Central Única de Trabajadores, el PIT-CNT. El proyecto plantea que toda huelga debe ejercerse en forma pacífica y asegurando la libertad de trabajo. Además, el gobierno podrá imponer restricciones a las medidas de fuerza cuando no reúnan las condiciones establecidas.

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Incluye también algunos gestos que resultan simpáticos para toda la sociedad, como implementar la portabilidad numérica en los teléfonos celulares, lo que en los hechos implica la asignación de números a los usuarios, independientemente de la empresa que contrate.

Pero uno de los aspectos más sensibles tiene que ver con la inseguridad. En este aspecto una de las novedades es que se amplía la presunción de legítima defensa a todo predio de una vivienda y de un establecimiento rural: terrazas, jardines, garajes, galpones, etc.

Aumenta las penas para autores de delitos graves como abuso sexual, y las penas de narcotráfico no serán excarcelables. También sube de 5 a 10 años el lapso máximo de detención para menores autores de infracciones gravísimas, siempre que sean mayores de 15 años y menores de 18. Esto le generó la reacción de Unicef y otros organismos de derechos humanos.

La reacción de la oposición y de sectores oficialistas

Se esperan algunos cambios en el texto durante el debate en el Congreso. No sólo por la oposición, sino también por los integrantes de la coalición de gobierno. Pese a que el oficialismo cuenta con mayoría en el Parlamento, hay sectores internos que plantean cuestionamientos a algunos puntos de la ley y pretenden cambiar entre 50 y 100 artículos.

El Frente Amplio ya reaccionó, aunque con críticas generales y no a puntos específicos. “No hay antecedentes de que hubiera una ley de urgente consideración de tanta cantidad de artículos. Es un antecedente peligrosísimo”, afirmó la senadora Lucía Topolansky.

“El Frente Amplio cuestiona la mayor parte de los contenidos y también el procedimiento. Este último aspecto es especialmente polémico: el mecanismo impone un plazo rígido para la tramitación del proyecto. Si no es rechazado o sustituido queda aprobada tal como fue enviado. Pero es posible que el Frente vote algunos de los artículos”, sentencia Garcé.

Lo cierto es que la jugada de Lacalle Pou, en medio de la crisis sanitaria, le deja muy poco margen de maniobra a la oposición. Para colmo, y al igual que en muchos países de Latinoamérica, la sociedad sigue dividida entre quienes respaldan al nuevo mandatario y quienes lo rechazan. Una polarización que sin duda marcará el tratamiento de la Ley de Urgente Consideración, cuyos plazos ya comenzaron a correr.