Coronavirus en Argentina: presentaron un amparo contra un fallo que recomendó prisiones domiciliarias para presos

Criminal y Correccional que a su criterio permite “las excarcelaciones masivas de detenidos sin ningún fundamento ni control”.

El escrito cuestiona la acordada N° 5 de la Cámara Nacional de Casación Penal, que instruye a los jueces inferiores a arbitrar los medios para descomprimir las cárceles con recomendaciones al respecto, “lesionando la independencia de los magistrados, que son los únicos que pueden decidir atendiendo a la ley, las circunstancias del caso y el debido proceso penal”. Por su parte, la organización “Será Justicia”, que dirigen Raúl Aguirre Saravia y María Eugenia Talerico, advirtió que la liberación indiscriminada de presos “pone en peligro” a los ciudadanos comunes.

La acordada cuestionada lleva la firma del presidente de ese tribunal Daniel Morin y del resto de sus integrantes, entre los que se encuentran Patricia Llerena, Gustavo Bruzzone, Horacio Días, Eugenio Sarrabayrouse, Jorge Luis Rimondi, Pablo Jantus, Mario Magariños y Alberto Huarte Petite.

El recurso de “Usina de Justicia” funda la premura en tratar el asunto ante “la inminente conculcación de los Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos y también por la indudable violación al principio constitucional de independencia de los jueces, lo que motiva la necesidad de un pronunciamiento inmediato y urgente suspendiendo, cautelarmente, la vigencia de la Acordada nro. 5/2020.”

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El amparo es contra todos los integrantes de la Cámara de Casación Nacional, porque la Acordada 5/2020 dio directivas a los jueces para que dispongan prisiones domiciliarias pero “no pueden indicarle a los jueces cómo deben obrar en sus causas”. Eso viola “el principio de independencia. El amparo se basa además en que también se violó la Ley de Víctimas, porque no se les dio intervención previa para que ejerzan sus derechos”, explicó Usina de Justicia en u comunicado.

“La disposición de Casación viola derechos y garantías constitucionales y por eso iniciamos una acción colectiva en defensa de los intereses de las víctimas y sus familias. En función de la ley 27.372 las víctimas tienen el derecho a ser informadas y notificadas de toda decisión que afecte las condiciones de detención del imputado o condenado, como ser salidas transitorias, libertad condicional o prisión domiciliaria. Las víctimas y sus familiares quieren que se cumplan las penas de los homicidas y violadores y quieren intervenir en todas las etapas del proceso, tienen derecho a ser escuchadas. Es un derecho humano”, reclamó la presidenta de Usina de Justicia, Diana Cohen Agrest, quien citó un fallo del Juez Germán Castelli, del Tribunal Oral Federal 7 de Capital, que declaró inconstitucional una acordada similar de Casación Federal denegando la salida en un caso de comercio de estupefacientes.

Por su parte, la entidad “Será Justicia” recordó que las personas que se encuentran alojadas en una cárcel, sean imputados o condenados, “lo están, como resultado del trámite de un proceso penal legítimo, en el que se ha dado intervención a los jueces naturales y diversas partes habilitadas como los defensores, fiscales y las víctimas”.

“En nuestros días presenciamos excarcelaciones masivas de detenidos que son enviados a sus domicilios, muchas de ellas en el marco de procesos express e irregulares. Esto resulta inédito y en ninguno de los países, incluso aquellos que registran millones de contagiados y decenas de miles de muertos, se han abierto las puertas las cárceles otorgando indiscriminadamente la libertad a miles de presos”, agregó la entidad que preside Aguirre Saravia.

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“Sin dudas estas medidas ponen en peligro a la sociedad toda, considerando que no existe un adecuado análisis previo de los riesgos que las referidas libertades pueden introducir a la sociedad en términos de inseguridad, exponiéndonos a todos a la peligrosa convivencia con quienes han delinquido y han sido legítimamente privados de su libertad”, advirtió Será Justicia.