El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de La Mata, ha acordado llamar como investigados por un presunto delito de blanqueo de capitales a una
docena de altos cargos de la extinta Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), incluidos los exconsejeros de la Generalitat Feliz Puig (Interior y Política Territorial), Pere Macías (Territorio y Medio Ambiente), Jordi Jané (Interior) e Irene Rigau (Educación). El auto al que ha tenido acceso ABC trae cuenta de la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que tras analizar los informes de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil sobre las donaciones a Convergencia y sus fundaciones, detectó un patrón en los movimientos de determinadas cantidades por cuenta de estos altos cargos del partido. El juez pidió más detalle al Ministerio Público, y tras analizar más datos, ha acordado abrir una pieza separada de nominada «Donaciones blanqueo» y llamar a estas doce personas dentro de la macrocausa conocida como «3%», que se sigue por la presunta financiación irregular del partido a cambio de comisiones por la adjudicación de obra pública. Además de los mencionados, constan en la lista Carles Flamerich (exdirector general de Telecomunicaciones de la Generalitat), Marc Guerrero (líder del sector liberal de CDC), Víctor Vila (expresidente de Forum Barcelona), Jordi Moltó (portavoz de CiU en la Diputación de Barcelona), Gloria Renom (exdiputada autonómica), Xavier Crespo (exdiputado regional ya inhabilitado), Montserrat Candini (exalcaldesa de Calella y exsenadora) y Eduard Freixedes (director de los servicios territoriales de Interior de Cataluña Central). El juez concluye que hay indicios suficientes como para investigar si, en línea con la tesis de Anticorrupción, las aparentes donaciones al partido que realizaron todas estas personas «son, en realidad, actos de afloramiento de dinero». Recuerda que «el punto de partida» de la causa del 3% es que «efectivamente, existen elementos indiciarios que permiten afirmar que altos cargos del partido político CDC, en connivencia con otros cargos públicos y funcionarios de distintas Administraciones e instituciones públicas de Cataluña, y con distintos empresarios, pusieron en marcha una estructura para financiar ilegalmente a este partido político». Una estructura criminal desarrollada durante años Sin embargo, incide en que no se trata de «un grupo de personas concertados para la comisión de un acto delictivo» sino de «una estructura estable, permanente y sostenida en el tiempo, con un patrón de funcionamiento cuidadosamente planificado e implementado por los responsables del área económico – financiera de CDC, para financiar ilícitamente al partido político mediante la ‘venta’ de influencias en la adjudicación de contratos públicos». «Esta estrategia para el financiamiento ilícito del partido se ha implementado durante años, con un perfecto despliegue territorial e institucional, y con la colaboración de empresarios conniventes, por un lado, y de autoridades y funcionarios públicos próximos a CDC, por otro», apunta, tras mencionar la sentencia del Caso Palau como un indicio más que acredita esa extensión de la actividad delictiva a lo largo de décadas. El juez entiende que «toda la anterior estructura no se conforma de manera asistemática y casual, sino ante una estrategia cuidadosamente planificada e implementada para financiar ilegalmente a CDC, en forma encubierta, todo ello de acuerdo con un plan preconcebido, proyectado en el tiempo con una visión de largo plazo, ordenado de acuerdo con las directrices emanadas de la cúspide de la organización». «Todos y cada uno de los actores necesarios para cerrar el círculo de actividad delictiva han desarrollado acciones dirigidas a un solo fin: subvertir el estado de derecho y, mediante un intenso abuso de poder, usar la dirección de las Administraciones para obtener un beneficio y lucro ilícito, personal y mercantil en el caso de los empresarios, y organizacional en el caso concreto del dirigente del partido político, consiguiendo una «financiación ilegal» para el mismo, acarreando un grave descrédito a la Administración Pública y un perjuicio al propio erario público», concluye.
FUENTE DIARIO ABC: