En ese sentido, las empresas proveedoras continuarán presentando declaración jurada, ya que seguirá representando un requisito excluyente para participar de los concursos.
Esta versión del proyecto, que
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La diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN) Kattya González refirió que “este es un proyecto hartamente discutido y modificado” y se mostró a favor de la versión que había sido aprobada en el Senado, pues señaló que la esencia del proyecto es establecer la obligación del funcionario público y el derecho que tiene el ciudadano de conocer y de escrutar todo lo que hace a la vida de aquel que ocupa un cargo público.
Advirtió, además, que en caso de modificarse la ley cuentan con un dictamen favorable de la Contraloría y otros organismos que accionarán contra una “senda de acciones de inconstitucionalidad”.
Por su parte, la diputada liberal Celeste Amarilla cuestionó que “hace rato nos peleamos porque habíamos controlado el avión que trajo todos los insumos y nos trataron de payasos y figuretis. Ahora resulta que quieren que declaren sus bienes todas las empresas proveedoras del Estado. ¿Qué lo que quieren?”.
Así también, mencionó que no está de acuerdo con que se publique “a los cuatro vientos” lo que cada uno gana. “Si alguien presume de que mis bienes son malhabidos, que haga el pedido correspondiente”, expresó.
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“Una cosa es controlar las empresitas de maletín, como aquellas a las que el Ministerio de Salud tiene afecto para para contratarles, y otra a las grandes empresas que proveen grandes cosas y construyen grandes obras. Al menos pongamos un tope de proveedores del Estado”, propuso.
Por último, afirmó que no está de acuerdo con el “exceso de transparencia gua’u”, apuntando contra un grupo de diputados. “No estoy de acuerdo con ese exceso de transparencia gua’u que tenemos, porque acá nadie quiere transparentar nada. Se ven obligados a votar porque la prensa pide. ¿Quién es el populista acá?”, sentenció.