Madrid,
Argentina y el mundo entero viven momentos muy difíciles. Los miembros del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), con sede en España, constatamos, como todos, la grave situación generada por el Covid-19. Y también la politización alrededor del tema.
Hemos sido testigos de las presiones ejercidas por organizaciones afines a la dictadura cubana para que los gobiernos contraten brigadas médicas en la isla. Prácticamente a diario, estas organizaciones secundan las orientaciones de las Embajadas de Cuba en el exterior para generar una matriz de opinión al respecto.
Como organización que defiende los derechos humanos, no podemos avalar la contratación de brigadas médicas enviadas por el gobierno cubano. Esa solución ha sido cuestionada por Naciones Unidas, por gobiernos de diferentes países y por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), debido a la explotación laboral a la que el régimen cubano somete a los médicos enviados al exterior.
En el caso de la ONU, las Relatoras Especiales Sobre las Formas Contemporáneas de la Esclavitud y de la Trata de Personas, de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, mostraron su preocupación por la “forma contemporánea de esclavitud” a que son sometidos los médicos cubanos en el exterior. Sería difícilmente explicable que alguna administración de España ignorara una situación así, teniendo a mano otras soluciones para enfrentar la pandemia.
Estas son, a modo de resumen, las principales preocupaciones de la ONU sobre las brigadas médicas cubanas, expuestas en noviembre de 2019:
- El Gobierno de Cuba recibe una suma de dinero de los gobiernos anfitriones y paga a los trabajadores una parte de dichos fondos, reteniendo entre el 75% y el 90% de su salario mensual.
- El Gobierno de Cuba, a través de la vigilancia de funcionarios, restringe la libertad de movimiento de los trabajadores cubanos en el país de destino.
- Si un profesional decide retirarse del trabajo en el exterior, se califica como “abandono de misión de trabajadores civiles”. El Código Penal de Cuba, en su artículo 135 (1), estipula sanciones de privación de libertad de tres a ocho años. Los médicos considerados desertores no están autorizados de regresar a Cuba durante ocho años, y los familiares que permanecen en Cuba están sujetos a señalamientos y repercusiones por parte de entidades gubernamentales.
En su informe, la ONU considera que las condiciones de trabajo reportadas podrían elevarse a trabajo forzoso, según los indicadores establecidos por la Organización Internacional de Trabajo, y que el trabajo forzoso constituye una forma contemporánea de esclavitud.
Una frase, recientemente expresada por el miembro del Parlamento Europeo Javier Nart, resume perfectamente la situación: “Realmente, los médicos cubanos son muy útiles, y la verdad es que hacen un gran trabajo. Pero a mí no me preocupa el gran trabajo, sino las personas. Y, en este caso, también le diría que los negros de los ingenios azucareros en Cuba hacían un gran trabajo, pero eran esclavos. Por lo tanto, el problema no es ese gran trabajo, sino las condiciones en las que se trabaja”.
De más está decir que manifestamos nuestro deseo de que Argentina adopte todas las medidas necesarias, técnicas y humanas, para contener rápidamente la expansión de la pandemia. Pero nada justifica el uso de fuerza esclava en un país democrático.
* Ex Preso Político cubano, Director Ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos