Al respecto, Samudio dijo este viernes en declaraciones a la prensa que se puso a disposición del Ministerio Público y que, incluso, remitirá a la institución todas
“Yo estoy a disposición de la Fiscalía y estamos abiertos desde Petropar para esclarecer cualquier hecho. Estamos seguros que todos los procesos están en orden y todos tuvieron su motivo. Ninguna compra se hizo sin ningún motivo”, expresó la funcionaria.
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La denuncia indica que Petropar, en el marco de la licitación N° 382100, adjudicada a la empresa Solumedic, hizo compras por un monto total de G. 359.700.000 en fecha 19 de marzo de 2020, cuyo motivo fue el de “adquisición de productos por emergencia sanitaria”, por vía de la excepción.
El texto menciona que el precio máximo de las mascarillas debía ser de G. 25.000, pero fueron adquiridas por Petropar por un costo de G. 38.000. Se menciona también la compra de 5.000 unidades de agua tónica por valor de G. 5.000 cada una; cinco termómetros láser a G. 1.700.000 cada uno, otros cinco por G. 1.600.000 cada uno y cinco más por G. 600.000 cada uno.
Samudio refirió que todos los insumos que se adquirieron fueron a precios de mercado y que la compra se concretó con el proveedor que más bajo cotizó los productos.
“Nosotros compramos los productos después de consultar distintas cotizaciones; encontramos la cantidad que necesitábamos con el proveedor al precio que en ese momento se manejaba por oferta y demanda. Hoy uno sale a buscar y no hay”, argumentó.
Finalmente, Samudio agregó que desde Petropar se encuentan tranquilos porque se cuentan con todas las documentaciones que respaldan las compras.
Además, invitó a la Contraloría, a la Secretaría Nacional de Anticorrupción (Senac) u otros organismos de control del Estado a auditar la gestión a fin de demostrar que se realizó un manejo transparente.
Por otro lado, durante este viernes, el jefe del Gabinete Civil, Juan Ernesto Villamayor, anunció que todas las instituciones públicas que adquieran insumos de salud deberán presentar informes a la Contraloría General de la República, a la Dirección Nacional de Contrataciones y a la Fiscalía General del Estado.