El fiscal nacional Sergio Rodríguez, a cargo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), tomó una declaración testimonial en la causa sobre la presuntas irregularidades en la compra de alimentos por
parte del Ministerio de Desarrollo Social, que confirmó una “sustancial diferencia de precios entre el producto vendido a la empresa que contrató el Estado y el valor al que finalmente se pagó el aceite”. La PIA investiga si esa variación de costos “tiene alguna justificación o no”, pero que según fuentes judiciales, “resultó ser una diferencia llamativa”.
Por videoconferencia y como medida preventiva en el marco de la pandemia del COVID19, el fiscal Rodríguez tomó declaración testimonial este fin de semana al representante de Tanoni Hermanos, la firma santafesina productora del aceite “Indigo”.
Martín Tanoni dijo que vendieron la botella de un litro y medio de aceite a 96 pesos. “A eso se le debe aplicar los impuestos, que rondan el 25%”. Así y todo, el Estado iba a pagar por ese producto 158 pesos a la empresa Copacabana, a la que Tanoni Hermanos le vendió el aceite.
La denuncia formulada por la abogada Silvina Martínez por presunta malversación de los caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y fraude a la administración pública, se centró en las resoluciones del Ministerio de Desarrollo Social que autorizaron la compra masiva de alimentos básicos para abastecer a los sectores más vulnerables en el marco de la epidemia del coronavirus. Los precios que se detallaron “están hasta un 37% por encima de los incluidos en Precios Cuidados y son más altos que los de las primeras marcas de cada categoría”, según denunció.
Por el aceite, uno de los expediente bajo el análisis de la PIA, el Gobierno autorizó compras por 164 millones de pesos a las empresas Sol Ganadera, Copacabana y Teylem, que ofrecieron precios por aceites mezcla de 1,5 litros de $157,80, $158,67 y $166,58, para las marcas Indigo, Casaliva, Ideal y Marolio. “En los supermercados, un aceite de girasol de primera marca, como Cocinero, se vende a 145,79 pesos. Si se compara con los productos de Precios Cuidados, en tanto, la diferencia es aún mayor. En la lista de precios elaborada por el Gobierno, se encuentra los aceites con las marcas Cada Día e Ideal a un precio de $121 cada una, también en presentación de 1,5 litros. La diferencia es de 37,6%”.
Ante el fiscal Rodríguez, el referente de Tanoni Hermanos explicó que para ellos la primera etapa que los involucró “no refleja nada raro”, ya que ellos el producto lo vendieron a 96 pesos a Copacabana, que fue la empresa elegida en la licitación del Ministerio que dirige Daniel Arroyo. Las presuntas irregularidades surgen en la segunda etapa, que es cuando esta firma iba a realizar la operación por 340 mil unidades con el Estado por un valor de 158,67 pesos cada una: una ganancia por encima del 64%.
Esta diferencia -considerada por demás llamativa por los investigadores- comenzó a ser investigada de forma específica, para determinar “si hay en el circuito alguna justificación para que el Gobierno termine pagando a un valor tan superior”, explicaron fuentes del caso a Clarín.
Las diferencias se repiten en el caso del azúcar -se autorizaron compras por 51 millones de pesos a las empresas Copacabana y Alimentos Generales, productoras de la marca La Muñeca, un 25% más caros que el azúcar Ledesma- y el arroz: la resolución adjudicó una compra de arroz en kilo por 69 millones de pesos a las empresas Teylem, Alimentos Generales y Copacabana, un 17% por encima de los productos de Precios Cuidados. También hay dudas respecto a las compras de fideos semolados, que proveyeron las firmas Sol Ganadera, Copacabana y Forain; y de lentejas, compradas a Copacabana, Forain y M.H. Accurso.
En consecuencia, y analizando otros cuatro expedientes que ingresaron a la PIA, Sergio Rodríguez pidió que el Ministerio de Desarrollo Social explique si las compras quedaron anuladas, o si se dio curso a las mismas. Asimismo, como contó Clarín, se ordenó que la cartera inicie sumarios administrativos contra los funcionarios involucrados y que se le dé participación a la Procuraduría como parte acusadora.
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