La Fiscalía de Sevilla ya cuenta con las primeras cifras reales de los devastadores efectos del coronavirus en las residencias de mayores de la provincia, gracias a las diligencias informativas que se
han abierto para recopilar los datos de fallecidos e infectados que más se acerquen a la realidad. Hasta el pasado Viernes Santo, la cifra de fallecidos ascendía a 68 y los casos positivos a 208. Estos datos, como ha trasladado el fiscal delegado de Personas Mayores y Personas con Discapacidad, Norberto Sotomayor, a este periódico a fecha de este lunes ya serán superiores por los días que han trascendido y porque aún queda por recopilar datos de algunas residencias de la provincia. Aunque, ha advertido que «nunca» se conocerá «la realidad», precisando que la idea más aproximada de las personas que han muerto por el Covid-19 la va a dar el Registro Civil. La Fiscalía de Sevilla ha abierto diligencias generales informativas para recabar datos sobre el panorama en estos centros de mayores de la provincia. Una vez tengan todos los elementos para analizar, el Ministerio Público habrá de valorar si lleva a cabo una investigación penal o no. No obstante, a priori, Sotomayor no ve una actuación irregular por parte de los responsables de las residencias. Sotomayor ha explicado que la Fiscalía tiene abierta una pieza general y nueve piezas separadas sobre las residencias de mayores donde se han registrado mayor incidencia del coronavirus y de fallecimientos como el centro Joaquín Rosillo de San Juan de Aznalfarache, DomusVi Santa Justa, otra residencia de Lebrija o una de Arahal. La primera pasada, la Junta admitió 24 ancianos muertos a causa del Covid-19 en el centro de San Juan y doce en el de Sevilla capital. La Fiscalía ha solicitado información y datos a la Delegación Territorial de Salud, a la de Igualdad, a la Dirección General de Mayores de la Junta y a cualquier otro departamento del Gobierno andaluz que tenga competencias sobre estos centros, aunque actualmente están bajo gestión de la Consejería de Salud. Además, se está poniendo en contacto con los responsables de las propias residencias y con los médicos a los que el Servicio Andaluz de Salud ha puesto al frente de las mismas durante esta pandemia. Hay que comprobar cuál es la situación en cada residencia, sobre todo, donde es más grave. La Fiscalía quiere saber los medios con los que cuenta y han contado. Porque, según Sotomayor, ahora tienen bastantes medios y buenos, pero el problema ha estado en este tiempo atrás, lamentando que hasta el pasado viernes no llegaron a Andalucía los conocidos como test rápidos. «El gran problema» Según el fiscal delegado, los responsables y sanitarios de las residencias «han ido dando palos de ciegos» sin saber quiénes estaban infectados y quiénes no por la falta de medios, aislando a los sintomáticos de los que no presentaban síntomas, pero sin conocer si entre este último grupo había afectados asintomáticos. Aquí ha estado «el gran problema». Sin embargo, el fiscal ha valorado que algunas residencias, como la Joaquín Rosillo, acertaron cuando decidieron cerrar las instalaciones y no permitir el acceso a los familiares antes incluso del estado de alarma. Los médicos en estos centros han actuado de forma «heróica», pero sin tener medios para conocer lo fundamental, los casos positivos. Les guió la lógica de separar sintomáticos de los no asintomáticos. Así, hasta el pasado viernes que llegaron los test rápidos y que podría haber evitado unas cifras tan altas de fallecidos y afectados. Sólo hasta el Viernes Santo en las residencias de Sevilla han fallecido 68 personas y 208 están infectadas. A fecha de hoy, según el fiscal delegado, esta cifra ha aumentado pues se han extendido la realización de los test rápidos, entre otros motivos. Pero también hay que tener en cuenta que a diario se actualizan estos datos y que algunas residencias sólo han dado cifras de los fallecidos en sus instalaciones, no de residentes que murieron en centros hospitalarios, algo que se está intentado corregir reclamando a los centros que digan cuántos residentes suyos han fallecido por coronavirus, ya sea en el hospital o en la propia residencia. Otro de los problemas para saber la cifra real es que muchos de los ancianos que mueren lo hacen sin conocerse las causas del fallecimiento. «Nunca sabremos la realidad», ha advertido el fiscal, que considera que el Registro Civil sí podrá dar una idea más aproximado de los fallecimientos en la provincia en comparación con los del mismo mes de un año normal. Además, mueren muchas personas a los que no se les hizo test alguno y como el protocolo marcado es no realizar autopsias para evitar más contagios, pues nunca se sabrán las causas. Sobre la actuación de los responsables de las residencias, Sotomayor ha segurado a ABC que, a priori, no ve actuación irregular. Habrá que analizar si hay actuación irregular por acción o por omisión de los gestores. Pero los responsables de los centros «han hecho lo que le dijeron que tenían que hacer, a su tiempo y con los medios que tenían». «Ha sido un desastre», según el fiscal delegado, principalmente por los medios con los que contaban.
FUENTE DIARIO ABC: