El documento, que fue remitido al presidente del Congreso, Blas Llano, refiere que la senadora consignó más de G. 11 millones para un viaje programado a Guatemala,
A esta irregularidad se sumó su diagnóstico positivo de Covid-19, prueba a la que fue sometida el último día de su cuarentena obligatoria y obviando el protocolo del Ministerio de Salud, asistió a una sesión de la Cámara Alta, sin contar con los resultados previos.
Ello derivó en la suspensión de actividades en el Congreso y a la vez en una imputación para Bajac, por los supuestos hechos punibles de violación de vedas y cuarentenas sanitarias y tentativa de lesión grave (con dolo eventual).
Siendo así, la parlamentaria se expone también a cinco años de prisión por tentativa de lesión grave y entre seis a 18 meses por la violación a la medida sanitaria.
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El caso de la senadora Bajac tiene como origen un viaje que realizó al Perú en marzo pasado, para asistir a un evento religioso.
Este pedido de pérdida de investidura estaría siendo acompañado por Llano, quien ya había sentado postura a favor de la expulsión de su colega, si ella no tomaba la decisión de presentar su renuncia al cargo.
