«Desde Castilla y León estamos haciendo un esfuerzo de transparencia» y «pedimos la homogeneización de los datos de residencias» a nivel nacional y en el conunto de las regiones. Así lo exigieron
ayer desde esta comunidad, que da cuenta de fallecimientos de casos confirmados y de los muertos que presentaron síntomas compatibles y cuyo deceso vinculan al Covid aunque no se les practicara el test, unas cifras que no se ofrecen en todos los territorios y que reclaman porque se «trata de personas». «No son números». Es lo «justo», entienden. Castilla y León es una de la comunidades con más casos registrados en las residencias de ancianos. De hecho, es junto a Madrid y Cataluña una de las denunciadas ante la Audiencia Nacional por el Defensor del Paciente por el elevado volumen de víctimas en estos centros, en los que el organismo alega que a los trabajadores no les han prestado «ayuda ni medidas de protección». Un análisis que en absoluto comparten desde la Junta, cuya consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, sentenció ayer que «no ha habido dejación de funciones». «Cuando pase esta crisis, cada uno tendremos la responsabilidad de las actuaciones que hayamos hecho», pero no ha existido ese desamparo en «ningún momento» y «seguimos atendiéndoles, seguimos pendientes, seguimos haciendo todo lo posible». «Se nos olvida cuando hablamos de las residencias que estamos hablando de personas, no de números», apostilló Blanco, que ante un elevado número de víctimas en residencias señaló que «lo cruel de esta enfermedad es que es un virus que se contagia muy fácilmente y que afecta a las personas más débiles». En concreto, en este tipo de centros, un total de 1.214 en Castilla y León, se han registrado 598 muertes confirmadas por coronavirus. A éstas se podrían sumar 877 que han fallecido con síntomas compatibles con Covid-19 sin que se les haya llegado a practicar el test. Serían así, 1.564 decesos que podrían estar relacionados con la epidemia. Las cifras, apuntó, permiten comprobar cómo «lo que está funcionando son las unidades de convivencia. Es mucho más fácil aislar al virus y muchos más fácil de controlarlo y compartimentarlo». Sobre la efectividad del resto del sistema , «vamos a esperar a que la pandemia pase y realizaremos un estudio», sobre el modelo, y «cómo se ha comportado, habrá que reestructurarlo – en coordinación con Sanidad – viendo qué ha funcionado y qué no». Más allá de la asistencia en residencias, la consejera ha detallado que los servicios sociales han visto en estas semanas «incrementadas» sus acciones teleasistencia o ayuda a domicilio. A ellas se suman el abastecimiento de alimentos urgente canalizado a través de Cruz Roja, que gestiona el primer requerimiento y deriva el caso a Familia. 3.506 personas han solicitado auxilio por esta vía porque tienen algún grado de dependencia, enfermedad o edad avanzada y no disponen ahora de los apoyos de su entorno, gente que por riesgo específico no debe salir de casa o familias en situación de vulnerabilidad social y económica. «Estamos ahí, los servicios sociales siguen ahí las 24 horas del día», advirtió Blanco. Por último, se refirió al ingreso mínimo vital propuesto por el Gobierno, que fue trasladado en una reunión a las comunidades autónomas en la que éstas reclamaron que «fuera consensuada con todas» las regiones ya que «la inmensa mayoría tienen en marcha mecanismos que ahora serían complementarios». En el caso de Castilla y León sería la Renta Garantizada de Ciudadanía, cuyos registros actualizados no se conocerán hasta finales de mes, aunque ya avanzó la consejera que las concesiones «se han ido incrementando».
FUENTE DIARIO ABC: