La Cámara Federal de Casación Penal será la responsable de decidir sí deja sin efecto -o no- la prisión domiciliaria concedida a Amado Boudou hace cuatro días. El fiscal que intervino
en el juicio por el caso Ciccone -donde el ex vice fue condenado a 5 años y 10 meses- apeló esta decisión y centró sus argumentos en las contradicciones del juez Daniel Obligado. Pero una consecuencia colateral es que, desde entonces, se presentaron 127 planteos exigiendo el beneficio del arresto domiciliario en los mismos términos.
Desde que inició la cuarentena total por la pandemia de coronavirus, la Casación había recibido 109 pedidos de prisiones domiciliarias y excarcelaciones. En aquellas presentaciones había un común denominador: el temor al riesgo a contagiarse en prisión.
Estos planteos llegaron ante ese Tribunal después de que los respectivos Tribunales Orales Federales (TOF) con presos a disposición, rechazaran esos pedidos.
La Sala de feria judicial extraordinaria, rechazó el 70% de estos planteos, respaldando a los jueces de los TOF. En las respuestas hubo un argumento reiterado: “se recomienda a la Unidad Carcelaria donde se encuentre el detenido que arbitre los medios necesarios tendientes a dar cumplimiento y extremar las medidas de prevención, salud e higiene”.
Pero los números no decrecieron. Esta semana, el turno en la Casación se encuentra a cargo de los jueces Carlos Mahiques, Ángela Ledesma y Diego Barroetaveña. El viernes pasado recibieron 24 incidentes con pedidos de prisión domiciliaria.
Pero después de que el juez Obligado decidió que Amado Boudou se fuera a su casa por cuestiones familiares y por considerar que su condena en el caso Ciccone no estaba firme -pese a que cuenta con confirmación de la Cámara de Casación- los reclamos de otros presos no tardaron en llegar.
Tan sólo entre el lunes y martes hubo 58 presentaciones de diversos abogados exigiendo que a sus defendidos también se les conceda la prisión domiciliaria.
Los días siguientes aquellos números continuaron en ascenso: entre el miércoles y el jueves se sumaron 69 nuevos planteos. Así, hasta el viernes por la mañana, la Casación recibió 127 pedidos de prisiones domiciliarias. La preocupación en el Máximo Tribunal Penal es “cómo sostener este número de reclamos” que están siendo tratados de forma online.
Al igual que como había resuelto la Sala anterior, una gran proporción de estos incidentes fueron rechazados. Entre ellos se encuentra el pedido de José López, ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo quien se encuentra cumpliendo condena por enriquecimiento ilícito, aunque la misma aún no está firme.
Misma suerte corrió Lázaro Báez, que había pedido de una excarcelación. El empresario K está siendo juzgado por el TOF 4 por lavado de dinero y se encuentra detenido desde abril de 2016. Pero aún no hay ninguna condena en su contra.
El represor Miguel Etchecolatz, condenado por crímenes de lesa humanidad, había pedido un arresto domiciliario por su edad y enfermedades preexistentes. Pero no obtuvo una respuesta favorable por parte de la Casación.
Algunos camaristas realizan una distinción sobre la “avalancha” de pedidos por parte de muchos detenidos. El primer grupo de 109 incidentes respondió a dos factores: el primero de ellos la declaración de la cuarentena total por el COVID19, y como segundo factor una lista de 1.279 presos de riesgo que confección el Servicio Penitenciario Federal (SPF). En esa documentación se tuvo en cuenta la edad de los internos y las enfermedades que padecen.
El SPF cuenta con una sobrepoblación del 9% en sus instalaciones, y eso generó preocupación en muchos abogados defensores, aunque las autoridades indicaron que a la fecha no hubo ningún caso de coronavirus en las cárceles.
Pero todo cambió esta semana: la segunda tanda de reclamos que ingresaron a la Casación sumó otro argumento: el antecedente del arresto domiciliario que se le concedió a Amado Boudou. En algunos recursos “sólo se menciona al pasar la situación como la de Luis D’Elía, pero no son vinculantes”, señalaron fuentes judiciales a Clarín.
Al poner bajo análisis la resolución del juez Daniel Obligado que ya fue apelada por el fiscal Marcelo Colombo, al menos dos camaristas coincidieron en plantear que no se trata de “un precedente” que deba aplicarse a otros casos, sino que es “una resolución unipersonal que no comparte la gran mayoría de los jueces de TOF que intervino en Ciccone”. Atención con esta consideración.
Como efecto “negativo” de la resolución de Obligado, otro juez consultado por Clarín remarcó que lo argumentado en la resolución del juez “es una errada interpretación del Código Procesal Penal, y lleva a crear una falsa expectativa que origina una cantidad de pedidos inoficiosos”.
Al respecto, se explicó que “no se trata de ser un ‘sujeto de riesgo’ en términos genéricos, sino de demostrar que en el lugar de detención, en concreto, existe certeza de que hay un riesgo cierto de contagio o de empeoramiento de la situación sanitaria. Y hasta ahora no hubo ningún caso detectado”, planteó otro magistrado del Máximo Tribunal Penal.
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