La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial analizará mañana un documento base con el centenar de propuestas elevadas por los distintos grupos de trabajo técnico creados el pasado día 2
de abril, para afrontar la vuelta a la normalidad cuando decaigan las restricciones impuestas al hilo del estado de alarma. Este «plan de choque», que tiene por objeto evitar el colapso del sistema judicial ante la previsible entrada masiva de asuntos -en la actualidad sólo se da trámite a las cuestiones urgentes-, incluye una batería de medidas que serán de aplicación común y otras específicas para cada jurisdicción. En el primer capítulo, según informa el órgano de gobierno de los jueces, incluye mecanismos de refuerzo en los órganos que resulten sobrecargados; el establecimiento de normas de reparto y especialización de los Juzgados en el orden civil, así como habilitar el mes de agosto para la tramitación y resolución ordinaria de los procesos judiciales. En cuanto a las medidas específicas, el CGPJ destaca la situación de la jurisdicción Civil, que se prevé será «de las más afectadas por las consecuencias económicas derivadas de las medidas adoptadas con motivo de la emergencia sanitaria» y que ya va «muy sobrecargada». Se propone la aprobación de medidas legislativas urgentes que permitan mayor flexibilidad en las actuaciones, como unificar criterios para evitar «respuestas judiciales encontradas» y « desincentivar« los litigios sin fundamente regulando de forma específica la condena al pago de costas «o la posibilidad de imponer una multa como consecuencia del mantenimiento de posiciones injustificables«. Además, se propone elevar a 15.000 euros la cuantía de las demandas cuyo cauce procesal se determine por razón de la cuantía y la «posibilidad de dictar sentencias orales debidamente motivadas y registradas en el correspondiente soporte audiovisual«. En el particular de los procesos de familia, proponen entre otras medidas, exigir como requisito para admitir una demanda en procesos de separación y divorcio cuando haya hijos menores, «un documento sobre la regulación del ejercicio futuro de las responsabilidades parentales y -en caso de solicitud de medidas de carácter patrimonial- la emisión de una declaración responsable de información económica y patrimonial y de gastos de hijos menores o mayores no emancipados». Para lo Penal, el documento base plantea medidas frente al «excesivo número de recursos frente a resoluciones interlocutorias, que pueden ser resueltos en un solo trámite, cuando no suprimidos« o que las sentencias puedan dictarse oralmente en los juicios por delitos leves o en los que hay conformidad. En cuanto al orden Contencioso-Administrativo, el objetivo es agilizar la tramitación, así que se propone la aplicación de las técnicas del «pleito testigo» y la «extensión de efectos de la sentencia» para evitar la tramitación innecesaria de pleitos con resultado final incontrovertible. También han puesto los técnicos sobre la mesa la posibilidad de conceder «legitimación colectiva» a sindicatos y asociaciones para impugnar determinado tipo de resoluciones, lo que permitirá concentrar en un solo procedimiento lo que podrían ser centenares o miles por resoluciones adoptadas al hilo de la pandemia. La jurisdicción Social también notará el impacto por los procesos relativos al empleo. Los técnicos proponen frente a ello ampliar los plazos de caducidad en la mediación y/o conciliación preprocesal, modificar la legislación para dar carácter urgencia a los asuntos por despido, aunque sea de forma transitoria; y facilitar las impugnaciones en el caso de los ERTE «conforme a la modalidad procesal de conflictos colectivos para contribuir a que la controversia se resuelva en un único pleito».
FUENTE DIARIO ABC: