Las 25 medianas empresas constructoras que componen la Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI) urgieron este jueves al Gobierno actuaciones que permitan a las compañías mantener sus flujos de caja para evitar
quiebras con la crisis provocada por el Covid-19. ANCI defendió que la “única solución” para mantener a “todas” las empresas en funcionamiento, sea contratistas principales, subcontratistas o auxiliares, y que puedan reanudar la actividad cuando se levanten las restricciones “pasa por mantener los flujos de caja”. “Si no se ponen los medios para que las empresas del sector puedan mantener sus flujos de caja van a abocar a las empresas a defenderse mediante el concurso, abocados en muchos casos a la liquidación”, alertó. La asociación planteó distintas medidas, basadas algunas en anticipos de pagos y otras en recursos nuevos por gastos derivados de la situación creada por la pandemia y que, según sus cálculos, comportarán un aumento de los pagos de entre los 600 y 1.000 millones de euros en el conjunto de las administraciones públicas. En muchas obras las concesiones tienen a 1 de enero sus anualidades consignadas. Para ellas piden certificar y abonar de forma “sumamente ágil y con la menor burocracia” el mes de marzo en las obras a fin de proceder al cobro y para los meses siguientes habilitar la posibilidad de dar anticipos sobre el presupuesto del año. En obras privadas donde intervenga un banco vía crédito promotor pide que se solicite al sector bancario la prórroga de los vencimientos y obligaciones de pago en, al menos, dos años hasta que recupere la demanda. “Si los bancos no colaboran con esta realidad volverán a quedarse con muchos proyectos, situación claramente indeseable para todas las partes”, alertó ANCI. La parálisis de la activad está provocando además tensiones no contempladas como por vigilancia de las obras, los costes de su futura reanudación o que no perciban los ingresos al impedirse la actividad –por ejemplo, los asociados a un parking o gimnasios-. La demanda de ANCI es que se reconozca la existencia de “fuerza mayor” para regular mediante “un expediente de daños los gastos sobrevenidos” por la situación generada por la suspensión de la actividad y que deberá valorarse para cada obra. En el caso de aquellas concesiones que generan sus propios ingresos como los citados parkings o gimnasios alerta de que “presentan un riesgo muy alto de cierre en un plazo muy breve de tiempo por el acusado desequilibrio ingresos-gastos”.
FUENTE DIARIO ABC: