Las familias que mandan a sus hijos a escuelas privadas, y han sido golpeadas económicamente por la cuarentena obligatoria a causa del coronavirus, podrán pedir que no les cobren parte del
arancel de este mes o del próximo. Tienen el derecho a que se los difieran para cuando se recuperen y que no les cobren recargos financieros (intereses) por la mora.
Los colegios deberán, a su vez, atender las “situaciones familiares especiales”, con la posibilidad de otorgar becas y ayudas transitorias de acuerdo a la realidad de las familias y de la institución. Los aranceles quedan congelados hasta que se termine la cuarentena y se retrotraen todos los aumentos que se hayan producidos después del decreto que dio inicio al aislamiento, a mediados de marzo.
Estas son algunas de las medidas de “alivio” que el Gobierno nacional difundió este jueves, que tienen por objetivo que las instituciones educativas flexibilicen el cobro de sus cuotas. Surgieron de un acuerdo del Ministerio de Educación con las cuatro principales cámaras de la educación privada en el país, tras una reunión que se hizo por videoconferencia el miércoles.
El documento apela a la responsabilidad y la solidaridad de las empresas del sector en un momento tan crítico para muchos argentinos. “Coincidiendo en los principios de solidaridad, compromiso, sensibilidad responsabilidad y esfuerzo compartido, se alcanzaron los siguientes acuerdos entre la Nación, los estados provinciales y la CABA, y las asociaciones que nuclean a las instituciones de enseñanza privada”, arranca el texto.
Y a continuación presenta las “recomendaciones” bajo al forma de nueve puntos, que son los siguientes:
1. Preservar las fuentes de trabajo de los docentes, no docentes, auxiliares y personal directivo de las escuelas de gestión privada, asegurar el pago de los salarios, garantizar el derecho a la educación y adecuar las condiciones de trabajo remoto, en caso de que fuera necesario, para preservar la salud de trabajadores/as y estudiantes.
2. Congelar el valor de los aranceles hasta que concluyan las medidas de aislamiento social y preventivo obligatorio; y RETROTRAER LOS AUMENTOS que se hubieren producido con posterioridad a la entrada en vigor del Decreto N° 260/2020.
3. Suspender la facturación o aplicar descuentos en los accesorios al arancel que respondan a servicios directos interrumpidos (ej. comedor) u otros servicios extraescolares.
4. Diferir a solicitud de las familias el pago de un porcentaje del total del arancel facturado para meses subsiguientes en favor de quienes no puedan afrontarlo, tomando como máxima referencia las necesidades para garantizar el pago de sueldos, cargas sociales y gastos ineludibles para el sostenimiento del Plan de Continuidad Pedagógica.
5. Flexibilizar, reprogramar o extender las fechas de los vencimientos de pago de cuotas o aranceles, restringir los recargos financieros por mora en el pago (intereses), y SUPRIMIR LAS MULTAS y otras penalidades o accesorias durante un plazo no menor al del aislamiento social y preventivo obligatorio.
6. Abstenerse de aplicar medida restrictiva alguna al acceso a las herramientas de aprendizaje por cuestiones vinculadas al pago de los aranceles.
7. Atender situaciones familiares especiales, con la posibilidad de otorgar becas y ayudas transitorias conforme a la realidad de las familias y de cada institución.
8. Analizar la estructura de costos y los ahorros posibles sosteniendo las erogaciones esenciales, a fin de disponer, cuando ello sea posible, un descuento en los aranceles; manteniendo la remisión de información conforme a la normativa aplicable.
9. Implementar estas medidas durante el aislamiento social preventivo y obligatorio y, una vez concluido, por un plazo idéntico al transcurrido en tal situación.
“Estas recomendaciones deberían ser un horizonte que lleve tranquilidad a las familias e induzcan a la responsabilidad institucional en todas las escuelas de gestión privada”, dijo el ministro de Educación Nicolás Trotta.
“Las recomendaciones son fruto de la vocación conjunta de transitar la profunda crisis que nos envuelve, bajo los principios de la solidaridad por la situación de las familias y la responsabilidad de todos por la supervivencia de instituciones educativas y los empleos que ellas ofrecen. Cuando sea posible, queremos a todos los niños y niñas en la escuela y escuelas para recibirlos”, dijo a Clarín Martín Zurita participó de la reunión en representación de la Asociación de Colegios Privados de la Provincia de Buenos Aires (AIEPBA/JUNEP).
“Como dirigentes educativos, trabajaremos con nuestros asociados en pos de que estas recomendaciones se concreten en prácticas efectivas”, agregó.
El Gobierno nacional llevó adelante las gestiones con los representantes de la Junta coordinadora de Asociaciones de la Enseñanza Privada de la República Argentina (COORDIEP); la Confederación Argentina de Instituciones Educativas Privadas (CAIEP); el Consejo Superior de Educación Católica (CONSUDEC) y la Asociación de Colegios Privados de la Provincia de Buenos Aires / Junta Nacional de Educación Privada (AIEPBA / JUNEP).
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