Coronavirus en Argentina: abren una investigación penal por aumentos de precios

en el marco de la pandemia por la circulación del Covid-19, delito que contempla penas de seis meses a dos años de prisión.  

Daniel Adler tomó como disparador una denuncia de la Liga de Consumidores y Usuarios de Mar del Plata, que en una nota en el diario La Capital hizo saber que había recibido más de 100 denuncias de aumentos de precios en medio de la cuarentena​ por el coronavirus. Menciona también otra entidad que alertó que hay quienes “toman la crisis como una oportunidad de negocio”.

“Advertimos un aumento sostenido en todo lo que tienen que ver productos de almacén, de limpieza y de prevención como el alcohol en gel. Sobre todo carne, yerba y azúcar”, reveló el titular de Consumidores Argentinos, Sergio Procelli, en esa publicación.   

El fiscal federal marplatense concluyó en la necesidad de poner el ojo de la Justicia sobre posibles infracciones a la ley, “en virtud del alza de precios denunciada, la que tendría lugar a través de la reunión o coalición de diferentes eslabones de la cadena de distribución de alimentos, artículos de limpieza, farmacia y aquellos elementos de desinfección necesaria, como alcohol y alcohol en gel”.

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Al respecto, remarcó que la provisión de esos productos “a la población en general resulta esencial y de primera necesidad en el ámbito de la emergencia sanitaria existente en nuestro país”.

Además de abrir la investigación, Adler resolvió intimar a las empresas que forman parte de la cadena de producción, distribución y comercialización de productos esenciales de alimentación, cuidado y limpieza para que incrementen su producción hasta el máximo de su capacidad instalada y arbitren medidas que aseguren el transporte y provisión durante el período de vigencia de la emergencia sanitaria.

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El fiscal advirtió que “existiría violación del marco legal vigente en momentos críticos para la ciudadanía toda”. Y esto se suma a la obligación de reducir al mínimo los movimientos de la población dispuesta por el DNU 297/2020, que elimina todo atisbo de competencia.

“Por consiguiente, la violación denunciada de los precios máximos fijados por el Gobierno nacional por parte de empresas dedicadas al rubro de la alimentación podría configurar por parte de estos la tipificación del delito regulado por el art. 300 del Código Penal, atento que habría una concertación entre todos los eslabones de la cadena para incumplir con el mismo”, precisó Adler.

EMJ