Grúas inmóviles, inertes, en solares abandonados, a medio construir. Es una de las imágenes que simboliza el parón en un buen puñado de actividades económicas e industriales tras el último decreto del
Gobierno de coalición ante la crisis del coronavirus, una vez concluida la moratoria de este lunes, otorgada in extremis por la presión de comunidades como Galicia. Pudo ser peor. El vicepresidente Alfonso Rueda celebró que al menos la aplicación del nuevo cerrojazo no fuera «abrupta» y no conllevara un «cierre repentino». Rueda demandó, empero, que se erradicara cualquier «incertidumbre» y que no cundiera una sensación de «ambigüedades, incertezas y discusiones» en La Moncloa. Nada de lo que se haga ahora, en cualquier caso, mitigará el profundo malestar empresarial. En un contexto donde, según el último balance de la Consellería de Economía, se han presentado ya 26.513 Ertes que afectan a 140.243 trabajadores, la Cámara de Comercio y la Confederación de Empresarios de La Coruña trasladaron su «gran preocupación» por los efectos de la nueva medida del Gobierno central y lamentaron «profundamente» que se adoptara «de forma unilateral, sin consulta ni solicitud de propuestas ni de sugerencias». En un comunicado donde queda constancia del «respeto» a las acciones que se adopten para salvaguardar la salud de la población y su «solidaridad» con quienes sufran la pandemia, no se oculta lo «dramático que es que el coste del cierre de las empresas afectadas sea soportado íntegramente por las empresas». Asimismo, se solicita una «moratoria fiscal inmediata y automática de todos los impuestos, tasas y cotizaciones que tengan su vencimiento durante el tiempo que dure el estado de alarma y se exima del pago de las mismas a aquellos que no han podido desarrollar su actividad en estas semanas o han visto su funcionamiento drásticamente disminuido». Otra Confederación de Empresarios, la de Pontevedra, cargó contra las medidas «claramente improvisadas, además de publicadas en fin de semana y con nocturnidad», que «hacen recaer en las empresas el coste económico de la crisis» y les «generan inseguridad jurídica». «El Gobierno está creando la tormenta perfecta para llevar a los autónomos a la quiebra», sumó la Federación Galega de Xóvenes Empresarias e Empresarios (Fegaxe), que achacó las últimas medidas a «posicionamientos ideológicos sin ninguna base económica». Malestar y confusión La Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime) reclamó «más previsión y más antelación». La Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de Lugo (APEC) trasladó su «malestar» y «confusión». Su portavoz, Eugenio Corral, aseguró que «la semana pasada, en Madrid, se habló con el ministro Ábalos» y «se nos dijo que la construcción no iba a parar», recogió Efe. Precisamente este martes la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, celebra un encuentro telemático con el sector de la construcción. Desde la Xunta se recordó que seguían activas alrededor del 80% de las obras dependientes de la Administración autonómica. A partir de este martes, todo paralizado.
FUENTE DIARIO ABC: