Para evitar la parálisis de la producción, el Gobierno reconoce un mayor valor del petróleo

de producción local, independiente de la cotización internacional. La idea se está estudiando para lograr mantener los niveles de actividad de la industria.

También se aplicará un impuesto a los combustibles, que estaba previsto para marzo. Se postergó para abril, por lo que arrancará el miércoles. En el ministerio de Desarrollo Productivo dicen que no habrá impacto alguno para los consumidores. También planean cambios en el esquema de retenciones a las exportaciones de petróleo.

En conversaciones con las provincias, el ministerio de Desarrollo Productivo -encabezado por Matías Kulfas- está dando pasos hacia un barril criollo. “Las provincias productoras quieren un barril de US$ 54 mientras que las empresas lo ubican más abajo. Hay que encontrar un equilibrio, un punto intermedio”, dicen en el Gobierno.

Desarrollo Productivo  también le aseguró a las provincias que habrá una suba del impuesto a los combustibles. Ese tributo, que hoy representa cerca de $ 11 en cada litro despachado de nafta, subiría a más de $ 14. En el caso del gasoil, escalaría $ 2.

Sin embargo, los mayores tributos no tendrían impacto en el consumidor, ya que el Poder Ejecutivo busca que sean “absorbidos” por las petroleras, según fuentes oficiales. “Las refinadoras se ven beneficiadas por la caída del precio internacional del crudo”, justifican en el Gobierno. Las refinadoras venían pagando el barril en torno a los US$ 45 a US$ 47 antes de la cuarentena. Sus importes reflejaban esa situación.

Las ventas de combustible cayeron hasta un 75% desde la cuarentena. La actividad petrolera se paralizó y eso amenazaba con afectar las regalías de las petroleras. Neuquén, por ejemplo, recibió $ 52.500 millones por ese concepto en 2019, con un tipo de cambio diferente al actual.

También se modificarán las retenciones a las exportaciones. “Será un esquema variable vinculado al precio internacional del crudo que permite amortiguar las variaciones extraordinarias por motivos exógenas a la industria”. explican fuentes oficiales.  El actual sistema de alícuotas -que estableció la actual administración en diciembre-, el Estado  captura un 12% de lo que exportan las petroleras. El que se está elaborando establecería un piso de US$ 30 en el que no habría derechos de exportaciones.

El sistema de barril “criollo” aísla al país de los vaivenes internacionales. En tiempos de petróleo alto en el mundo, sirve para mantener los importes locales en los surtidores sin mayores variaciones, aunque complica las exportaciones. Cuando el precio del crudo baja, el barril “criollo” también impide que esa caída se traslade a los precios finales. En 2015, el kirchnerismo lo padeció, cuando hubo un descenso del precio del crudo en todo el mundo, pero YPF no bajó el precio de los combustibles, porque tenía sus costos atados al barril “criollo”.

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“El Estado nacional opera como mediador para garantizar que el acuerdo d partes se cumpla”, destacaron en Desarrollo Productivo.

La administración de Mauricio Macri desactivó el barril criollo, para que el funcionamiento del mercado local de combustibles se pareciera más al internacional. Eso se hizo en septiembre de 2017. Los costos de producción local disminuyeron y se alinearon con los valores internacionales. Ahora, parece retomarse un esquema que parecía perimido.