La noticia es siempre la misma, y sin embargo va cambiando: la Corte Suprema rechazó interrumpir la feria judicial extraordinaria por la pandemia del coronavirus para considerar un pedido de los
defensores de Amado Boudou, que pretenden sacar de la cárcel al ex vice condenado por corrupción en el caso Ciccone. El enésimo rechazo -si sumamos anteriores negativas de la Cámara Federal, el Tribunal Oral Federal 4 y la Cámara de Casación-, devolvió el asunto al TOF 4, que basado en un informe médico del Servicio Penitenciario Federal también rehusó la pretensión. Pero detrás del intento habría un segundo objetivo: avanzar contra el titular de la Corte, Carlos Rosenkrantz, en medio de otra etapa de intrigas en el máximo Tribunales.
El caso Boduou no tiene muchas vueltas: condenado a casi seis años de prisión, sus abogados vienen agotando los mil y un recursos que el Código Procesal les permite para discutir tanto aquella condena como el consecuente encarcelamiento del ex vicepresidente. Desde la misma semana de la sentencia, en agosto de 2018, hasta ahora, lo hicieron una y otra vez. Están en su derecho, por supuesto. Pero con la misma lógica, los rechazos -unánimes en cuatro instancias- no implican de ningún modo alguna persecución, o prueba de ese mamarracho jurídico bautizado lawfare.
Mientras esperan desde el 20 de febrero que la Corte trate un recurso de queja -al que llegó porque la Casación rechazó la apelación al máximo tribunal el año pasado- para rever la condena, los doctores Alejando Rúa y Graciana Peñafort tomaron la crisis sanitaria por el coronavirus como un nuevo argumento para pedir la excarcelación de Boudou.
Los defensores acudieron a la Corte, con un escueto escrito de 19 líneas según el cual la Constitución “establece el principio de que toda persona “debe ser considerada y tratada como inocente de los delitos que se le reprochan, hasta que en un juicio respetuoso del debido proceso se demuestre lo contrario mediante una sentencia firme” y, como si Boudou no lo hubiera tenido, “solicitamos la habilitación de días y horas para tramitar y hacer lugar a la queja de esta defensa en esa incidencia, para que con pronto despacho se lo excarcele”.
En su condición de juez de feria en el máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz remitió “con carácter de urgente” el tema al TOF4, que garantiza la ejecución de la sentencia del ex vicepresidente. El Tribunal pidió un informe médico sobre el reo, cuya respuesta en 24 horas reveló que está bien de salud, y “no integra el grupo vulnerable” de detenidos. Pero mientras tanto, los abogados habían vuelto a tocar la puerta de la Corte, con un pedido de “pronto despacho” para liberar al ex dueño de la imprenta Ciccone, según sentenció la justicia.
Un detalle para recordar y guardar: en sus pedidos, Rúa y Peñafort aseguran que “los jueces del tribunal (TOF 4) y de Casación insisten en tratarlo -a Boudou- como culpable, y han comenzado a ejecutar indebidamente una condena que no está firme. Y es esa Corte la que ya debe poner remedio a esa situación, resolviendo en este trámite como se reclama y haciendo cesar la prisión arbitraria, para que nuestro asistido cumpla el aislamiento social, preventivo y obligatorio en su domicilio y fuera de la cárcel, en donde le están haciendo cumplir una improcedente condena anticipada.”
La vieja tesis de que una sentencia no está firme hasta el último OK de la Corte, aunque ya exista un doble conforme tras el juicio oral y la confirmación de la Cámara de Casación. El penalista y presidente de la Nación Alberto Fernández, por ejemplo, dejó clara su posición al respecto en medio de las presiones en su contra por la existencia de supuestos presos políticos: para él, una confirmación de la Casación ya deja firme a una sentencia. No todos piensan igual.
Volvamos a Boudou. Los dos timbrazos de sus abogados tuvieron idéntica respuesta: el TOF 4 rechazó el pedido tras la respuesta de los médicos desestimando una salud frágil del condenado. Y Rosenkrantz se sacudió el “pronto despacho” en cuatro líneas: “en mérito a la feria extraordinaria dispuesta por la acordada 6/2020, y toda vez que no se configuran los presupuestos establecidos por los arts. 3° y 4° de la citada norma, corresponde denegar la petición formulada.”
Aunque esperable y consecuente con la del resto de los fiscales, jueces y tribunales que tuvieron en sus manos el caso Boudou, la negativa de Rosenkrantz causó una copiosa lluvia de críticas al magistrado, por parte de varios medios ultrakirchneristas. En esas interpretaciones, el titular de la Corte es quien merecería ser juzgado por “mantener en la cárcel a un inocente en medio de la pandemia”. Rosenkrantz responderá o no a esas acusaciones, pero lo cierto es que ocurren en medio de una secuencia de cruces y zancadillas en el seno del máximo tribunal, cuyo último episodio fue la discusión por la organización del Poder Judicial durante la cuarentena.
En este caso, la excusa suena débil: en los últimos 25 años, la Corte Suprema de Justicia sólo habilitó la feria judicial en tres ocasiones: el reclamo para hacer un aborto a un feto que no tenía masa encefálica, en 2001; un amparo de la provincia de San Luis en 2012; y por un reclamo de la provincia de La Rioja antes de las elecciones del año pasado. En esta feria, además, los cinco jueces del tribunal aclararon que sólo se interrumpiría para entender en violaciones a los Decretos de Necesidad de Urgencia de Alberto Fernández por el coronavirus. Difícil torcer esa jurisprudencia, y menos con un escrito de 19 líneas, sin argumentación ni antecedentes para intentarlo.
Pero eso esa es la realidad jurídica. La política discurre por otras vías.
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