Entre tanto, dijo que en tanto se aprueben los recursos, el Banco Central del Paraguay (BCP) aseguró una línea de liquidez. “Problemas de recursos no lo
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López, hermano del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, sostuvo que la ley contempla una serie de facilidades para fortalecer los canales de créditos para las pequeñas y medianas empresas, con lo cual podrán resolver sus problemas de liquidez y capital operativo.
“La ley tiene un claro enunciado de fortalecer la salud, fortalecer el empleo y evitar la ruptura de la cadena de pago, para lo cual tenemos un Banco Central sólido”, aseveró.
Asimismo, el titular de la cartera del Tesoro afirmó que la idea es fortalecer en el tiempo el presupuesto y habilidades del Ministerio de Salud, proveyendo insumos, mejorando la capacidad de los test masivos y la condición de los médicos.
“No estamos endeudando para financiar el gasto corriente, tenemos para tres meses”, manifestó, a la vez de aclarar que Paraguay tiene muchos resortes fiscales si el plan no se termina de ajustar con el tiempo.
Entre tanto, explicó que la ley también prevé un compromiso con el sector informal de USD 300 millones que llegará a través de sistemas tecnológicos antes de la Semana Santa.
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Así también, López refirió que aún no se tienen datos sobre el impacto económico del paro sanitario, ya que los primeros meses del año registraron un buen movimiento, gracias a las políticas del año pasado. Aseguró que es muy temprano para hablar del tipo de crecimiento que se espera para este año.
Finalmente, detalló que el BCP tiene reservas internacionales, capital y liquidez para que los bancos privados puedan prestar dinero.
La ley aprobada este miércoles también dispone la exoneración del pago de la Ande, Essap y Copaco por un periodo de tres meses para ciertos usuarios.
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De los USD 1.600 millones que autorizó el Senado para el financiamiento de las medidas, USD 500 serán destinados para Salud, USD 100 a un pago de deuda histórica con el Instituto de Previsión Social (IPS) y USD 300 para el subsidio de 25% del salario mínimo para los trabajadores informales y de aquellos sectores vulnerables.