Según la Fiscalía, la empresa seguía operando pese a las restricciones de los decretos presidenciales 3442/2020 y 3456/2020, la Ley 716/96 del Medio Ambiente y el Código Sanitario,
“Se encontró que tenían un comedor donde podría producirse hacinamiento, así como el reloj marcador, además de baños insalubres, por lo que disponemos el cierre temporal por indicaciones de los funcionarios del Ministerio de Trabajo que nos acompañaron en el allanamiento”, afirmó el representante del Ministerio Público.
La firma se dedica al rubro de los polietilenos y cuenta con pedidos de supermercados y cooperativas, pero no aún con la autorización del Ministerio de Trabajo y el Ministerio del Interior para seguir operando, según el fiscal.
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Son 90 operarios, de los cuales algunos realizaron la denuncia por el temor al contagio masivo porque sus empleadores les obligaban a seguir trabajando.
“Se dispuso el cierre temporal hasta tanto consigan la autorización para seguir produciendo, ya que alegan que forman parte de la cadena productiva imprescindible, pero vamos a abrir una carpeta fiscal para investigar la violación al decreto presidencial, las leyes sanitarias y del medioambiente también”, agregó el fiscal.
Son varias las firmas que ya fueron verificadas por la aglomeración de personas, denunciadas por los propios funcionarios ante el Ministerio Público desde que se inició la cuarentena y antes que se hayan dispuesto las medidas más severas con relación al funcionamiento solamente de las empresas que prestan servicios o generan productos imprescindibles.
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La fiscala Nilsa Torales también verificó las condiciones de trabajo en el supermercado Fortis Mayorista, San Jorge import-export, Hotel Gran Asunción, fábrica textil Orange, Hoahi, Qin Yi América SA, Xplast SA, Apolo Import SA y Tape Electricidad.