Las restricciones para circular en la provincia de Buenos Airesson inconstitucionales, según plantearon tres especialistas a Clarín, ya que restringen derechos establecidos en la Constitución, sin fundamentos legales. Además los municipios no
tienen autonomía para imponer restricciones que superen las limitaciones establecidas por el gobierno nacional. En cambio, hay una mayor comprensión para las provincias, incluyendo las que ahora impuso la ciudad de Buenos Aires, siempre y cuando estén articuladas con el gobierno nacional.
Es que el municipio de Ezeiza estableció un bloqueo para impedir el ingreso de personas sin domicilio en su territorio, porque en su distrito está el aeropuerto internacional. También los intendentes pusieron rejas y terraplenes en Almirante Brown, Exaltación de la Cruz, Olavarría, San Vicente y Villa Gesell, entre otros, sin contar con una planificación con el gobierno de la provincia de Buenos Aires.
“Ni los gobernadores, ni los intendentes pueden cerrar caminos, establecer fronteras o aduanas internas”, planteó a Clarín el constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Y agregó: “Eso viola derechos garantizados por la Constitución Nacional. También el Decreto 297, donde se establece que los gobernadores deberán seguir las órdenes establecidas por el gobierno federal, como agentes naturales del gobierno federal”.
Es que el Decreto de Necesidad y Urgencia N°297, dictado por Alberto Fernández, impuso un “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, para que las personas permanezcan en sus residencias hasta el 31 de marzo, “con expresa prohibición de concurrir a sus lugares de trabajo y desplazarse por rutas, caminos y espacios públicos”, dijo Gil Domínguez. Pero, a la vez, esa normativa puso una serie de excepciones para poder circular, que “no se pueden vulnerar”. Por ejemplo, si un vecino de Caballito necesitara llevar alimentos a su padre, que viviera solo en su casa de Ezeiza, planteó Gil Domínguez.
En el mismo sentido se expresó el constitucionalista Daniel Sabsay, quien sostuvo que la Constitución Nacional establece que todos los habitantes de la Argentina gozan del derecho a transitar por el territorio; mientras que el DNU presidencial impuso restricciones y excepciones. “Me parece una locura lo de Ezeiza, porque los intendentes no tienen esa facultad. Y menos en la provincia de Buenos Aires, donde los municipios ni siquiera son autónomos”.
Ese tipo de medidas podría ocasionar en un caso extremo la intervención del gobierno provincial, porque “es una causal de intervención de un municipio”, aseguró Sabsay.
Tal como informó Clarín, los cerrojos en los municipios suman tensión entre Axel Kicillof y los intendentes bonaerenses, ya que esos bloqueos fueron una desobediencia directa a las órdenes del gobernador, quien reclamó que no haya bloqueos en sus distritos. Especialmente aquellos que son bloqueos totales y con montículos de tierra en forma de terraplenes, ya que imposibilitan cualquier tipo de circulación por esas calles y rutas bonaerenses.
La acción de los intendentes “es inconstitucional porque no tienen competencia sobre el tema. Además porque no pueden establecer normas generales que impidan el tránsito que son discriminatorias e irrazonables. No es el caso de limitar el tránsito en una calle por una construcción o una medida de salubridad. Se trata de una restricción absoluta y sin fundamento sanitario ni legal. Ocurrió en municipios de Cordoba como La Cumbre y ahora en el gran Buenos Aires”, sostuvo el constitucionalista Juan Vicente Sola.
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